En el Senado de la República aprobamos, por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), uno de los instrumentos legislativos más importantes y de avanzada de la actual Legislatura, que coloca a nuestro país como un referente internacional.
La nueva herramienta legislativa, impulsada a partir de la reforma constitucional de 2017, busca homologar los procedimientos a nivel nacional sobre la impartición de justicia administrativa civil y familiar, a fin de resolver controversias entre particulares. El CNPCF está integrado por 1191 artículos comprendidos en diez libros, así como 20 artículos transitorios. Busca compactar criterios sobre el sistema procesal, integrando políticas públicas que se correlaciona de manera transversal para una mejor impartición de justicia administrativa civil y familiar. Con ello se espera que 74% de los juicios de nuestro país sean resueltos por este Código.
Esto es histórico, porque estamos legislando un cambio de paradigma en la impartición de justicia civil y familiar en México, una reforma de gran calado comparable a la del sistema de justicia penal que tuvo lugar en 2008. ¿Y por qué? Básicamente porque buscamos mejorar el debido proceso en el país y que la impartición de justicia sea verdaderamente oportuna y expedita, visualizando para ello la reducción de aspectos administrativos que aminoren la carga de trabajo de los tribunales, a través de la optimización de recursos, la promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias y el impulso de las nuevas tecnologías de la información en los procesos judiciales.
El nuevo Código también visibiliza la supletoriedad en torno al procedimiento de declaración de ausencia por desaparición; incorpora medidas de protección en materia de violencia de género e incorpora un apartado en materia de adopción.
Con la pandemia de Covid 19 nos dimos cuenta de la vulnerabilidad a la que estamos expuestos como sociedad y tuvimos que aprender a trabajar con sana distancia para protegernos y cuidar a los demás, lo cual nos llevó a la conclusión de que es imprescindible utilizar nuevas herramientas tecnológicas para la resolución de los juicios. Instrumentos como las audiencias virtuales, programas de inteligencia artificial y juicios en línea serán fundamentales para contar con una justicia más pronta y expedita.
En los tiempos actuales resulta incomprensible que un proceso judicial dure tanto tiempo, porque genera un desgaste emocional y económico en las familias. Precisamente, como legisladoras y legisladores, es nuestro deber mejorar los sistemas de justicia, implementando nuevas reglas que garanticen un acceso a la justicia ágil, igualitaria y equitativa, poniendo especial énfasis en grupos vulnerables que requieren de una atención prioritaria.
En pleno siglo XXI, es menester dar paso a ordenamientos claros, prácticos, incluyentes y progresistas. No queremos más leyes, queremos mejores leyes que garanticen los postulados constitucionales en los que, justamente, se cimienta el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SENADORA DE MORENA POR HIDALGO
@MARIAMERCEDG
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