En tuits, al igual que en columnas y artículos de opinión, es recurrente encontrar argumentos que esgrimen y normalizan la idea de que el actual régimen actúa de manera similar a gobiernos anteriores. El “son iguales” es lugar común: ya es cliché.
En esta administración –pero de manera exacerbada– al igual que en las anteriores ha prevalecido la corrupción, la ineptitud y la miopía en la puesta en marcha de políticas públicas. En administraciones anteriores ha habido dispendios, fraude, corrupción y una cornucopia de malas decisiones. Esto no sólo ha sido una constante en el obradorismo; pareciera, además, que se actúa con dolo. Con saña o pragmatismo electoral se han detonado acciones que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie.
El desmantelamiento del Seguro Popular, la eliminación de las escuelas de tiempo completo, la desarticulación de la política de seguridad y el desdén por el crecimiento de la economía merman de manera directa el nivel de vida de los que hemos decidido vivir en México.
La pasmosa realidad evidencia que para cualquier contratiempo que se ha presentado en los últimos cinco años se ha impuesto una solución subóptima. Los ejemplos son variados y las ocurrencias variopintas: para atemperar los efectos mortales de la pandemia se ofreció a los enfermos ivermectina, en lugar de optar por vacunas o por la liberalización del Paxlovid. Como respuesta al diferendo con Estados Unidos por el tráfico de fentanilo se ha prohibido su uso médico. El costo de oportunidad de llevar recursos y desarrollo al sureste conlleva una devastación ambiental sin parangón.
La lista de desaciertos es interminable. ¿Pero en qué radica la diferencia entre el presente y pasado? ¿Entre el oficialismo viejo y nuevo?
El desgaste y la degradación del entramado institucional podría ser increíblemente pernicioso para la salud democrática y el devenir del quehacer político nacional. La gravedad del desastre no radica en la demolición de agencias gubernamentales, como el Seguro Popular, o de la anulación de programas, como las escuelas de tiempo completo o las estancias infantiles, o de entes autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La cruzada en contra de los pilares sobre los que descansa nuestra democracia es inédita y representa el riesgo más alarmante. El proceso de degradación institucional que padece el país y los embates para desequilibrar la relación entre poderes es el más grande peligro que enfrenta la República.
Esperemos que no hayamos traspasado el punto de inflexión de donde no haya retorno. Regenerar un entramado institucional que fortalezca el republicanismo, promueva la libertad y el cosmopolitanismo y fomente la rendición de cuentas será fenomenalmente complicado y tardará años y varias generaciones en el futuro.
POR ALEJANDRO ECHEGARAY
COLABORADOR
@aechegaray1
MAAZ