La eternización de la recuperación de la Categoría 1 en seguridad aérea para la aviación mexicana por parte de la Federal Aviation Administration fue un factor determinante para que el presidente López Obrador decidiera eliminar el requisito de incluir el cabotaje para aerolíneas extranjeras en México en sus recientes iniciativas de cambios a la Ley de Aeropuertos y de Aviación Civil. AMLO quería usar el tema para detonar crecimiento de rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Pero el cabotaje se topó con dos paredes, la de las aerolíneas, que argumentaron que lo aceptarían si fuese recíproco en otros países, cosa imposible; y la de trabajadores quienes, alertados por temor a que un resquebrajamiento de la industria nacional pusiera en riesgo su empleo, también se opusieron, logrando que el Presidente reculara. En el camino, el secretario de Comunicaciones Jorge Nuño hizo hasta lo imposible para cumplir con los requisitos de la FAA para la auditoría final, a fin de recuperar el estatus, cosa que empezaba a salírsele de las manos respecto de su meta inicial: que ocurriera en abril, como en varias ocasiones lo comunicó. Ahora la mira está en junio.
Pero llegar al pleno verano sin la Categoría 1 recuperada sería funesto, porque marcaría dos años desde la degradación, y exhibiría al gobierno como incapaz de operar cambios legales teniendo mayoría en el Congreso con Morena. Por eso AMLO dobló las manos y dijo, al anunciar que retira la propuesta, que “celebren los que estaban preocupados por eso”.
La mesa entonces queda puesta para que antes de que termine el periodo legislativo, en poco más de dos semanas, se aprueben las leyes de aviación, que eran el último requisito para recuperar la Categoría 1, pues todas las demás condiciones están cumplidas de acuerdo con lo que ha informado la SICT. Esto abrirá la puerta para que el AIFA vea una multiplicidad de vuelos nuevos en el periodo vacacional de verano, algo indispensable para el Presidente, quien sólo veía un puñado de vuelos y un aeropuerto bien hecho, pero casi vacío.
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La International Chamber of Commerce se sumó ayer a las alertas que surgen por todos lados contra la iniciativa del Ejecutivo para cambiar leyes administrativas que le darán discrecionalidad excesiva al gobierno, incluida la posibilidad de cancelar contratos con cualquier pretexto, aduciendo “interés público”.
POR CARLOS MOTA
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