Un brutal reportaje en la influyente revista The New Yorker sobre el asesinato de la periodista Miroslava Breach, en 2017, y el relativo éxito de una necesariamente secretiva alianza de periodistas para investigarlo y un feroz libro que bajo el nombre "En la Boca del Lobo", de Katherine Corcoran aborda el asesinato de Regina Martinez, en 2012, mantienen hoy la atención sobre el terrible sitio alcanzado en la picota por México, que lleva años señalado como un país peligroso para periodistas, donde reinan la corruptela y la impunidad.
El 16 de mayo de 2017, decenas de periodistas mexicanos se concentraron ante la Secretaría de Gobernación para protestar por el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez, el día anterior en Culiacán.
Semanas antes, el 23 de marzo, la chihuahuense Miroslava Breach había sido muerta.
Y desde ese 2017, la cifra de periodistas asesinados ha crecido en por lo menos cuarenta, en principio a manos de sicarios, presuntamente crimen organizado coludido con autoridades locales. O por lo menos esa es la sospecha, porque no hay datos formales, ni acusaciones, ni investigaciones.
El número de periodistas muertos en México rebasa fácilmente los 150 en los últimos 13 años. El número de casos resueltos es de nadie sabe, nadie recuerda.
Y eso es lo malo. Hablar de periodistas muertos y de la impunidad en torno a los delitos se interpreta hoy día como un ataque al presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre dispuesto a tomar ofensa y a rebatir a sus críticos desde el púlpito presidencial. Como lo hizo ayer.
Puede decirse que las protestas y las denuncias son en gran medida una acusación contra un sistema que antecede a la llegada de AMLO al poder y que desde aquel 30 de mayo de 1984, cuando fuera asesinado Manuel Buendía, pareciera negarse a reconocer problemas y en cambio se revigoriza.
Pero el hecho es que los asesinatos siguen, y siguen. Y los responsables no aparecen, sin importar investigaciones o promesas presidenciales.
Las protestas de organismos nacionales e internacionales, los artículos dentro y fuera de México, de nada han valido. Ni antes ni ahora. La primera vez que México fue declarado como un país peligroso para periodistas ocurrió hace más de una década, pero sigue como tal durante el régimen López Obrador.
Más de 40 periodistas muertos durante el actual gobierno son un testimonio brutal de que esa peligrosidad no se ha abatido.
Bien o mal, tan justa o injustamente como quieran críticos o partidarios, las culpas y las responsabilidades recaen hoy en López Obrador, que sin embargo más bien parece preguntar "¿y porqué yo?".
El hecho es que hoy es la cabeza del aparato, el jefe del sistema aunque no quiera aceptarlo y se conduzca más como líder de la oposición que como presidente de la república. Y ciertamente, como sus predecesores, puede alegar que él y su gobierno no ordenan muertes o asesinatos.
Pero a gustarle o no, son su responsabilidad.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
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