Los 40 migrantes asesinados por el Estado mexicano durante un incendio hace más de dos semanas en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, a quienes se les dejó encerrados en sus celdas negándoles toda posibilidad de salvar su vida, se han convertido en el más claro ejemplo para el mundo entero de la realidad que se vive en México en materia de derechos humanos.
Por la necesidad de justicia y por el acompañamiento que las víctimas indirectas de esta masacre necesitan me comprometí a presentar las denuncias necesarias ante instancias nacionales e internacionales.
La semana pasada acudí a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia en contra de todos los servidores públicos que pudieran resultar responsables por el uso ilícito de atribuciones y facultades y por hechos de corrupción en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales; por los actos que pudieran constituir delitos contra la administración de justicia y por ejecutar actos o incurrir en omisiones que trajeron como consecuencia lesiones y la pérdida de la vida de los 40 migrantes así como por las conductas y omisiones de los guardias de seguridad de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. que supuestamente tenía un contrato con el INM para apoyar con la seguridad de la mencionada estación migratoria.
Además, de manera formal he exigido al Titular de la Secretaría de Gobernación y al de la Secretaría de Relaciones Exteriores que en el ámbito de sus respectivas competencias se responsabilicen de lo sucedido, se generen las políticas públicas necesarias en materia migratoria y de acuerdo a lo dispuesto por nuestra Constitución se respeten siempre los derechos humanos de las personas migrantes.
También solicité a la Organización de las Naciones Unidas en México (ONU - México) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), su intervención para que en atención a las normas internacionales de derechos humanos vigentes se realice una investigación sobre las constantes violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en México, así como para que se elabore un informe y se formulen recomendaciones al gobierno mexicano con la finalidad de terminar con estas prácticas denigrantes.
Recordemos que entre miércoles y viernes de la semana pasada derivado de un reporte sobre la desaparición de 23 turistas que se trasladaban de Guanajuato a Coahuila fueron localizadas en San Luis Potosí más de 100 personas que se encontraban secuestradas, en su mayoría eran migrantes. En este asunto el gobernador de dicha entidad federativa, acusa a empresas turísticas de estar involucradas en el tráfico de migrantes y entregarlos a grupos delincuenciales. Sin embargo, lo que si es un hecho es que la “política migratoria” por llamarla de alguna manera del inquilino de Palacio es un desastre, además se confirma la inseguridad en las carreteras de nuestro país. Sobre este asunto también quedan muchas interrogantes y contradicciones que resolver, estaré atenta.
Espero que la acusación formulada por la FGR en contra del Comisionado del INM, siga su curso legal de manera objetiva e imparcial hasta obtener una sentencia justa por la responsabilidad que este servidor público tiene por haber incumplido con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas migrantes.
No obstante, resulta indignante que después de más de 15 días de la tragedia en el centro de detención del INM, en la Cámara de Diputados no se ha tocado el tema, los de morena ni lo mencionan, se han quedado callados como si no hubiera pasado nada cuando debiera ser un escándalo a nivel nacional porque a nivel internacional ya lo es.
Todos los responsables de este crimen de Estado deben pagar las consecuencias y recibir un castigo justo. ¡Basta ya de impunidad! ¡Fue el Estado!
Mariana Gómez del Campo
Secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional
MAAZ