Norberto Bobbio, en su razonamiento acerca de los “derechos sociales” habla que estos buscan satisfacer aquellas necesidades que requieren un hacer por parte de los individuos: “Para equiparar a los individuos, reconocidos como personas sociales, también en poder, es necesario que se les reconozcan otros derechos como los derechos sociales, derechos capaces de colocarlos en condición de tener el poder hacer aquello que es libre de hacer.
El reconocimiento de estos derechos sociales, se sostiene, requiere de la intervención directa del Estado, hasta tal punto que también se denominan “derechos de prestación”, precisamente porque requieren, a diferencia de los derechos de libertad, que el Estado intervenga mediante prestaciones adecuadas”.
Para llegar a esta disertación, el maestro turinés reflexionó primero en los derechos de libertad, pasando por los derechos políticos, para dar un espíritu de cuerpo al estado democrático. Menciono esto relacionado con la tragedia ocurrida en la última semana del mes de marzo en Ciudad Juárez, donde murieron 38 personas y otras 28 sufrieron lesiones a causa de un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, y que en dicha tragedia las autoridades mexicanas solo han sido capaces de repartirse la responsabilidad sin esta llegue a consecuencias acordes a esta catástrofe.
Ante esto, de manera obvia y obligada, activistas y gobiernos connacionales de las víctimas han hecho llamados enérgicos al presidente de México. Numerosos grupos de manifestantes oriundos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia se han dado cita a las afueras del consulado mexicano en Los Ángeles, California, para reclamar transparencia en la información respecto a lo sucedido en Juárez, pidiendo justicia para que el titular del INM, Francisco Garduño, cumpla con una sentencia adecuada y oportuna. Además de que la institución migratoria realice un cambio -humanitario- en sus protocolos de actuación.
Asimismo, el gobierno salvadoreño de Bukele ha exigido de manera vehemente, a través de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Mariella Portal, quien ha catalogado esta tragedia como un crimen de estado y, por ende, pide que una condena firme marque un precedente. En este sentido, la viceministra Portal mencionó: “No queremos que los traten como animales, son personas tan importantes como ustedes como yo, queremos que pare la xenofobia para el pueblo porque nos están tratando de la misma forma que a ustedes los tratan en Estados Unidos”. Refiriéndose a la situación de los migrantes salvadoreños y mexicanos, respectivamente.
Las políticas migratorias, la situación en todo el INM, la reacción de sus dirigentes, secretarios de estado y del mismo presidente son la antítesis de los derechos sociales (y también de libertad y políticos) a los que Bobbio refiere. Ambos Estados (de origen y receptor) deben intervenir, garantizar y procurar dichos derechos, no sucedió.
Las personas migrantes deberían de tener este caparazón que los cubra en todo su recorrido trasnacional y no, como sucedió en Ciudad Juárez, que el propio Estado sea quien violente todos sus derechos humanos. Bukele y el estado salvadoreño, al igual que los demás involucrados, está en su derecho y obligación de exigir a las autoridades mexicanas que encuentren responsables y que hagan valer los derechos de todas las personas en suelo mexicano. No tardará la ONU también en pronunciarse ante la falta de respuestas mexicanas.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
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