Construir una propuesta sobre el desarrollo humano y social integral, que incluya a cada persona y a la sociedad en su conjunto es, con mucho, el mayor desafío de las fuerzas políticas y sociales comprometidas con la defensa de la democracia, las libertades y el cambio de rumbo.
Este ha sido la mayor motivación de los integrantes de Unid@s al presentar la propuesta de país, para hacer frente a las grandes desigualdades que lastiman a muchos y para ofrecer una alternativa democrática al discurso y agenda populista del régimen, que promueve un futuro sin desigualdad, donde todo se va arreglar por la fuerza del mesiánica del líder y la bondad innata del proyecto político que hoy está en el poder.
Una visión sana sobre el desarrollo integral y solidario, comienza por reconocer la libertad de cada persona y la contribución que cada generación debe hacer para lograr la conservación y acumulación de los activos materiales e inmateriales que forman parte del acervo de un país; esto solo será posible, si se garantiza el cuidado institucional y la responsabilidad del estado en la conservación del patrimonio nacional y en el aseguramiento de las condiciones de estabilidad y crecimiento que den soporte a las necesidades y demandas de la presente y futuras generaciones.
Por desgracia, las acciones del gobierno actual confirman que, en materia de desarrollo humano, el tesoro moral y los bienes de una nación pueden ser despreciados y dilapidados en cada etapa de la historia. Sucede cuando los gobernantes en turno toman decisiones equivocadas y no existe una sociedad activa y participativa, dispuesta a exigir la rendición de cuentas de los bienes recibidos por cada administración.
Esto ha sucedido en nuestro país con muchas instituciones y fondos que han desaparecido durante el presente sexenio sin motivo suficiente y, lo que es peor, sin algo mejor a cambio. La incapacidad y el autoritarismo del gobierno ha generado graves retrocesos, pero lo ocurrido en salud, educación y apoyo a la mujer, es verdaderamente criminal.
La política de transferencias directas a distintos sectores de la población cubre una parte de las necesidades, para no resuelve el problema de la desigualdad y la pobreza, incluso no la contiene, como se puede acreditar en cifras oficiales que reflejan una mayor número de pobres y más mexicanos en pobreza extrema. Y el uso electoral de los programas sociales pervierte la política social y hace más profunda la brecha de la desigualdad.
De ahí que, abatir la marcada desigualdad en que vivimos, constituye una emergencia nacional. Lograr la anhelada justicia social debe ser una prioridad que nos convoca a todos, pero sobre todo a las autoridades, quienes ostentan la responsabilidad y poseen las facultades y los instrumentos del estado para ejercer la justicia conmutativa, que garantiza a cada uno lo legal; y la justicia distributiva, para procurar el bien común, asignando beneficios y apoyos de manera proporcional a las necesidades más sentidas de la población.
Hoy existen grandes oportunidades para alcanzar un desarrollo más parejo. Procesos como la industria 4.0 o el nearshoring, que mejoran la productividad y anticipan la llegada de nuevas empresas, nos pueden ayudar. Sin embargo, es preciso recordar que el solo crecimiento económico, la tecnología o la generación de riqueza no logra el desarrollo integral, si no se garantiza la justicia social para “Que nadie se quede atrás”.
Marco Adame
Analista y Consultor Político
MAAZ