La reforma constitucional en materia electoral de 1996, quizá ha sido la más relevante en la historia del sistema electoral mexicano. Entre su amplio contenido, es de destacarse que transformó la figura de Consejeros Ciudadanos –integrantes de un IFE que aún era presidido por el Secretario de Gobernación– por la de Consejeros Electorales –integrantes de un IFE que tendría ya el carácter de organismo constitucional autónomo–.
El artículo tercero transitorio de aquella reforma, estableció que los Consejeros Ciudadanos “no podrán ser reelectos”, es decir, que no podrían aspirar a ser Consejeros Electorales. Aquel primer Consejo General del IFE plenamente autónomo del 96, fue presidido por José Woldenberg, y también lo integraron José Barragán, Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio, Mauricio Merino, Juan Molinar, Jacqueline Peschard y Emilio Zebadúa.
Es recordado por ser la autoridad electoral que organizó la elección que hizo posible, por primera vez, la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000. Pero además, este IFE impuso dos las sanciones económicas a los partidos, más severas de la historia: al PRI, por el caso Pemexgate, y al PAN, por el caso Amigos de Fox.
Estos consejeros concluyeron su encargo en octubre de 2003, y fue entonces cuando se suscitó el primer conflicto entre los partidos, por la renovación de los integrantes de la autoridad electoral administrativa.
En efecto, a partir de una interpretación errónea del texto de la reforma constitucional del 96, el PRI sostuvo que ninguno de los consejeros electos aquel año podría ser reelecto en 2003 (como ya se explicó, la prohibición sólo aplicaba para quienes en 1996 eran Consejeros Ciudadanos). En realidad, esta incorrecta interpretación de la Constitución fue sólo el pretexto para decirle ‘no’ a la propuesta del PRD para que el IFE fuera presidido por Jesús Cantú, y a la propuesta del PAN, de Alonso Lujambio para el mismo cargo.
Se trató de una abierta venganza por parte del PRI en contra de los consejeros electorales salientes que se atrevieron a multar a ese partido, por más de 1,000 millones de pesos por el Pemexgate. Así que el PRI se empecinó en poner como Consejero Presidente a Luis Carlos Ugalde, un académico con poca experiencia en materia electoral y cercano a Elba Esther Gordillo.
Puesto que en aquella época la Constitución no preveía lo que sucedería si las propuestas para consejeros electorales no alcanzaran la mayoría calificada de los votos de los diputados (no se establecía un Comité de Evaluación, las quintetas o la insaculación, como ahora), en aras de evitar una crisis constitucional, el PAN se vio en la necesidad de apoyar la propuesta del PRI, de Ugalde, y retirar su propuesta de Alonso Lujambio.
Fue una decisión tomada con poca convicción, pero necesaria para hacer prevalecer la institucionalidad en el funcionamiento de la autoridad electoral del Estado mexicano. Cobra relevancia esta historia en la actualidad, porque así como hace veinte años el PRI dejó fuera del IFE a Jesús Cantú y a Alonso Lujambio, en venganza por hacer bien su trabajo y sancionar a este partido por el caso Pemexgate, ahora López Obrador se empecinó en cobrar venganza contra el INE, y específicamente contra de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por haber hecho bien su trabajo como integrantes de un organismo público autónomo que no se replegó a la voluntad del poder presidencial.
Y en esta venganza pedestre emprendida por López Obrador en contra del INE, el grupo en el poder buscó por todos los medios llevar al Consejo General del INE a cuatro títeres del presidente, a cuatro leales, a cuatro consejeros de piedra; simples correas de transmisión a través de los cuales el presidente manipulase e hiciera las mismas fechorías, o peores, que las que hizo el PRI antes de que este país contara con autoridades electorales autónomas y profesionales.
El primer paso fue conformar un Comité Técnico de Evaluación con cinco simpatizantes de MORENA (tres designados por la JUCOPO de la Cámara de Diputados y dos por la CNDH, además de dos académicos designados por el INAI que sí mostraron imparcialidad y profesionalismo en el desempeño de su función).
Este Comité, sin ruborizarse, hizo todo lo posible por conformar quintetas con nombres cercanos al grupo en el poder. El caso más patético fue empeñarse en poner a Bertha Alcalde Luján – hermana de una integrante del gabinete de AMLO e hija de una fundadora de MORENA, y sin ninguna experiencia en materia electoral– como propuesta para presidir el INE.
Pero como a AMLO nada le sale bien, su venganza le salió a medias. Al grupo en el poder se le colaron a las quintetas algunas personas que han hecho carrera electoral en los OPLES, y que forman parte del Servicio Profesional Electoral (dos figuras –los OPLES y el Servicio Profesional Electoral– que MORENA quiso eliminar con el “Plan A”, y luego debilitar con el “Plan B”). Gracias a ello, fue posible la insaculación de Rita Bell y Arturo Castillo.
Lamentablemente, por la conformación de las quintetas, el grupo en el poder logró que en la insaculación salieran también los nombres de Jorge Montaño (tabasqueño, cercano a Adán Augusto López), y Guadalupe Taddei, quien es prima de Jorge Taddei Bringas –superdelegado del gobierno federal en Sonora–, tía de Pablo Taddei Arriola –Director de la paraestatal Litio Mx– y de Ivana Taddei Arriola –diputada local de Morena en Sonora–.
En suma, dos nuevos consejeros con experiencia en materia electoral y que han mostrado profesionalismo en su actuar, y dos consejeros (incluyendo a la Presidenta) con evidente cercanía y compromiso con el grupo en el poder.
La enseñanza que nos ha dejado este proceso de selección es que la insaculación está lejos de ser la mejor solución constitucional ante la divergencia de los partidos en la designación de los consejeros electorales. Antes, estaban obligados a llegar a acuerdos para lograr la mayoría de dos terceras partes de los diputados; ahora, basta con que una mayoría simple designe a los tres integrantes de JUCOPO en el Comité Técnico de Evaluación (como ahora lo hizo Morena) y con un integrante más que les apoye (de los dos de la CNDH o de los dos del INAI), con eso basta para que un único partido pueda conformar las ternas a su antojo.
La insaculación se convirtió en un incentivo perverso para no buscar acuerdos entre los partidos. Sin duda, este mecanismo debe de replantearse.
El daño al INE ha sido menor del que AMLO hubiese querido, pero sin duda seguirá empeñado en influir en el árbitro electoral a través de la Presidenta. Le urge controlarlo, para poder desviar recursos del erario público para las campañas de Morena; para que el crimen organizado siga siendo el aliado electoral del partido en el poder; para que el narco les ayude en la movilización de las personas en sus eventos de campaña y el día de la elección; para que la industria del fentanilo también pague los gastos de las campañas morenistas; para manipular y coaccionar al “pueblo bueno” a través de los programas sociales, condicionándolos al apoyo electoral a Morena. Las aspiraciones antidemocráticas de un presidente cada vez más autoritario.
POR FEDERICO DÖRING
DIPUTADO LOCAL DEL PAN
@FDORINGCASAR
MAAZ