Esta semana que termina se cumplió un año de la política de cero tolerancia contra las pandillas o maras en El Salvador, que encabeza el presidente Nayib Bukele, una medida que ha provocado fuertes preocupaciones a Naciones Unidas por las reiteradas violaciones de los derechos humanos de muchos salvadoreños que nada tienen que ver con el asunto.
Bukele ha utilizado a lo largo de un año un régimen de excepción, que el Congreso –a su favor– le prorroga cada mes, desde el 27 de marzo de 2022, en respuesta a una ola de 87 asesinatos en El Salvador en sólo un fin de semana, el resultado de esa política ha provocado 90 muertes de presos bajo custodia y unas 65 mil detenciones.
El gran problema es que no todos los detenidos son delincuentes o pandilleros. Hay muchos menores (mil 82) o familiares de maras que también están en prisión; peor aún, gente que vive en las zonas de influencia de los mareros que nada tiene que ver también es sometida a detenciones arbitrarias para luego ser fichados, lo que les cierra las puertas en el mercado laboral.
La ONU dice que entiende los graves problemas que representan las pandillas (70 mil integrantes) en el país centroamericano –de unos seis millones de habitantes– y que es deber del Estado proporcionar seguridad a los salvadoreños, pero dice que ese beneficio debe estar en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.
Y es que algunas de estas detenciones masivas, incluidas las de niños, pueden equivaler a arrestos arbitrarios, ya que parecen basarse en investigaciones mal documentadas y en burdos perfiles basados en el aspecto físico o el origen social de muchos detenidos.
Por su puesto, Bukele no escucha nada de eso, él está sembrando su popularidad que le permita con la cosecha una reelección cómoda en las presidenciales de 2024, aunque legalmente no podría contender por el cargo, pero el mandatario tiene a su favor una mayoría parlamentaria, que puede modificar las reglas electorales a su conveniencia.
Vale la pena recordarle al presidente salvadoreño como su propio gobierno sostuvo en 2020 negociaciones con las tres principales pandillas del país dentro de penales de máxima seguridad, con la finalidad de conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantuviera su histórico desplome y que lo catapultó en los índices de aceptación.
A cambio, las tres organizaciones –consideradas terroristas por la legislación salvadoreña–, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, plantearon una serie de demandas que incluían mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad, pero dos años después el mismo gobierno rompió el acuerdo y mostró imágenes de pandilleros sometidos en prisión, lo que se desató la violencia ya citada.
En más de una ocasión Human Rights Watch ha denunciado y criticado los abusos a los mareros en prisión, el hacinamiento y que la mayoría de los detenidos no han sido juzgados, pero parece que nada podrá detener a Bukele, quien con su actuar comienza a dejar entrever sus aires de dictador.
POR ISRAEL LÓPEZ
COLABORADOR
ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
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