La sentencia en Nueva York del ex secretario de seguridad pública mexicano, Genaro García Luna, le ha dado una gran visibilidad, en los dos países, al problema del narcotráfico y el crimen organizado entre México y Estados Unidos. Una vez más, nuestro país es estigmatizado en los medios estadounidenses como un “narcoestado”, donde los criminales han logrado corromper por completo a las autoridades hasta los más altos niveles del gobierno.
Esta historia no es nueva aunque, en esta ocasión, muestra tintes más graves por la crisis real del fentanilo, que el año pasado provocó más de 100 mil muertes en Estados Unidos. Pero los episodios de responsabilizar a los mexicanos por el elevado consumo de drogas en su país, se han repetido cíclicamente desde hace décadas. Empezaron en 1969, cuando el presidente Nixon lanzó “la guerra contra las drogas” y, para obligar al gobierno de México a acatar los dictados de su política punitiva, ordenó la “Operación Intercepción”, imponiendo un cierre parcial a la frontera común.
Otro lamentable desencuentro ocurrió en 1985, cuando el gobierno estadounidense lanzó una segunda operación intercepción en los cruces fronterizos, como represalia por la tortura y asesinato en México del agente de la DEA, Enrique Camarena. Miembros del gabinete de Reagan, acompañados por algunos jefes de agencias federales y prominentes miembros del Congreso, en particular el poderoso Senador Republicano Jesse Helms, lanzaron graves acusaciones a altos funcionarios mexicanos por su supuesta falta de cooperación para detener el tráfico ilícito de drogas, que entonces era mayoritariamente de mariguana y cocaína y, de paso, por la falta de democracia en el país. Helms organizó un ciclo de audiencias durante una semana para golpear al gobierno mexicano y estigmatizar al país como una grave amenaza a la seguridad estadounidense.
Hoy presenciamos la resurrección de Jesse Helms. En Estados Unidos hay una ola de indignación, tanto en la Administración Biden como en el Congreso, por lo que aprecian como falta de cooperación mexicana. En las últimas semanas, el Secretario de Estado, Anthony Blinken, el Procurador General Merrick Garland, y la Directora de la DEA, Anne Milgram han expresado, en diferentes tonos, que México no está haciendo lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo. Senadores republicanos como Ted Cruz, de Texas y Tim Scott, de Carolina del Sur, han sugerido públicamente el cierre de la frontera con México.
El mismo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, quien en diversas ocasiones ha chocado con el presidente López Obrador, lo acusó de negarse a colaborar para detener el tráfico de fentanilo, y sugirió que la razón de eso podría ser que su gobierno estaría "infiltrado por el narcotráfico". https://www.lapoliticaonline.com/usa/politics-us/tenemos-un-socio-que-no-quiere-colaborar-o-es-que-solo-es-un-estado-infiltrado-por-el-narcotrafico/
El ex Procurador William Barr propuso en un artículo reciente que Estados Unidos utilice a sus fuerzas armadas contra las organizaciones criminales mexicanas, a las que llamó “narcoterroristas”, y las comparó con organizaciones consideradas como tales del Medio Oriente, como ISIS. La posibilidad de que el gobierno de Biden decida calificar a los carteles mexicanos como “organizaciones terroristas” ya no se ve tan lejana, sobre todo a medida que se acerque la precampaña electoral con miras a las elecciones de 2024 en ese país.
En Estados Unidos parece haber emergido un consenso: México es el responsable de la crisis del fentanilo. En el gobierno y el Congreso no parece importarles mucho lo que sucede dentro de su territorio con el consumo de drogas y las cadenas de distribución. No quieren mirarse en el espejo, comprobar la realidad dentro de su propio país, y asumir que tienen mucho que hacer en sus ciudades, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras. Quizá es porque saben que esa lucha provoca violencia y corrupción. Mejor que México se encargue, y si no lo hace como yo digo y cuando yo lo digo, entonces acuso a sus funcionarios de falta de cooperación, detengo a alguno de sus exfuncionarios, lo juzgo y castigo públicamente para que todos vean lo que puede ocurrirles. Un verdadero juicio ejemplar.
Al mismo tiempo, se rehúsan a controlar el tráfico ilícito de armas que ha empoderado a las organizaciones criminales en México, superando por mucho las capacidades de los cuerpos policiacos civiles.
Pero muy mal haríamos los mexicanos en limitarnos a observar los desencuentros diplomáticos bilaterales. Nuestra dura realidad es que las organizaciones criminales sí se han extendido en México en las últimas décadas, expandiendo violencia y corrupción. La terrible situación es que nuestro país ha visto diezmados, sin posibilidades reales de regeneración en el corto plazo, a los cuerpos policiales municipales, estatales y federales, por lo que este gobierno ha tenido que encargar toda la tarea a los militares, con las consecuencias que esta decisión acarrea para el país. Esa es nuestro desafío y de nadie más. Cincuenta y cuatro años después de la Operación Intercepción, México y Estados Unidos nos vemos atrapados sin salida, con la resurrección del espíritu de Jesse Helms, de triste memoria en la historia de nuestros doscientos años de relaciones diplomáticas.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY
@miguelrcabanas
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