En los últimos años hemos visto con frecuencia en nuestro país la creación de registros con datos personales de la población para distintos fines, en los cuales, tanto autoridades públicas –es el caso del debatido PANAUT–, como entes privados –el caso del FAN ID–, comparten un común denominador: la pretensión de registrar datos biométricos.
El caso más reciente es la iniciativa para expedir la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles y la creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad, aprobada en días pasados por la Cámara de Diputados con el argumento de garantizar el derecho a la identidad de las personas reconocido en el artículo 4 constitucional, como herramienta para la inscripción y la certificación de los hechos o actos del Estado Civil la gestión de la Clave Única de Registro de Población (CURP),y la vinculación de los datos biométricos contenidos en los documentos de registros civiles.
Aún falta que la iniciativa sea discutida y aprobada en el Senado, pero de concretarse, estaríamos ante la creación de una base de datos que albergaría datos personales de millones de mexicanos. Para ilustrar la magnitud: de acuerdo con el último censo del INEGI, en 2020 éramos ya más de 126 millones de mexicanos, ¡imagínense la cantidad de información que estaría contenida en ella!
La obtención, uso y resguardo de información biométrica de toda la población concentrada en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), genera nuevamente preocupación y escepticismo por parte de un sector importante de la sociedad, ya que al hablar de una base de datos de esta magnitud que albergue datos biométricos como, por ejemplo, la huella dactilar, resulta extremadamente delicado ante los riesgos que conlleva su tratamiento, pues su uso indebido, acceso ilícito o filtración pudiera conllevar vulneraciones a las personas titulares de estos datos o afectaciones graves en su esfera jurídica, pues hacen referencia a características únicas e insustituibles de aspectos que permiten ser asociados, de manera única, a una persona.
Es cierto, en principio una medida de este tipo no debería de extrañarnos, pues en otros países del mundo es el Ministerio del Interior –equivalente de la SEGOB–, quien concentra este tipo de información. Sin embargo, tampoco podemos obviar la propia historia de nuestro país, que nos hace sentirnos escépticos de que sea el Ejecutivo quien concentre un registro de este tipo; tampoco podemos ser omisos del propio contexto actual, donde hemos sido testigos de vulneraciones a bases de datos en posesión de entes públicos.
En estos casos, mecanismos previstos en la normatividad en materia de protección de datos personales, como la obligación de la elaboración de evaluaciones de impacto, son indispensables para que la autoridad responsable identifique y mitigue los riesgos asociados con el tratamiento de datos biométricos y para la materialización de mecanismos en la implementación de los principios
contemplados en la ley, con especial énfasis en la licitud y proporcionalidad de la medida; así como de los deberes, para la adecuada instauración de las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
El derecho de identidad es un derecho interdependiente, pues sirve para el ejercicio de otros derechos y base para el establecimiento de políticas públicas que permiten el acceso a servicios y beneficios por parte de la población que dependen de la verificación y autenticación de la identidad para su despliegue y ejecución; por lo cual es crucial que los responsables del tratamiento de registros biométricos adopten un enfoque de privacidad desde su diseño y por defecto, para garantizar el cumplimiento de la normatividad en la materia.
Además, no obstante que uno de los objetivos de esta iniciativa sea que toda persona goce de su identidad a través de documentos de identidad jurídica, lo cierto es que también debemos velar porque este derecho sea viable, pues la creación de nuevas leyes debe ir aparejada al acercamiento de este tipo de trámites que, en ocasiones, se limitan debido a las barreras físicas de ciertas comunidades.
Habremos de estar atentos a la discusión y votación de esta iniciativa en el Senado de la República, por lo pronto, un llamado a nuestras legisladoras y legisladores a analizar el tema con profundidad y cautela y privilegiar, en todo momento, la protección de datos personales como elemento de fondo en cualquier política pública. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.
Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada del INFOCDMX
@lauraenriquezr @InfoCdMex
LSN