En la sucesión presidencial anticipada, diversos militantes de partidos políticos de oposición ya siguen los pasos de las corcholatas designadas por el presidente, haciendo públicas sus intenciones de contender por la primera magistratura.
Ruta imitada también por algunos ciudadanos que inmersos en la política nacional, pero sin afiliación a ningún Partido, han expresado sus intenciones de competir para lograr el máximo espacio de la Administración Pública.
Estos últimos contendientes, como el empresario Gustavo A. de Hoyos, llaman la atención por el peso específico que le otorgan a la categoría de lo ciudadano, incluso sobre las propuestas; como si al invocar esta palabra, de manera automática los electores se volcaran a las urnas a elegirlos, sobre la demeritada imagen de muchos de los políticos partidistas.
Consideran que, al distanciarse del perfil del servidor público común, están libres de los vicios y de la mala fama, que muchos de ellos se han labrado a pulso. Como sí los ciudadanos tuvieran una fuerza ascética, que aún inmersos en este submundo, sugieren, no se contaminarán con las conductas que tanto aborrecemos.
¿Y he aquí el dilema, si los políticos profesionales no han llenado las expectativas en muchos de los cargos para los que han sido electos, los ciudadanos sin experiencia de gobierno tendrán las competencias para hacerlo?
Por supuesto, siempre debemos otorgar el beneficio de la duda. Aunque en el mundo real, no en el de las promesas de campaña; cualquier profesión y oficio, de la misma forma que para dirigir un Gobierno, necesita de preparación específica y de experiencia en el ámbito para el que se postula. Solo así, se realiza la tarea con eficacia.
¿De dónde nace entonces la idea, de que un ciudadano puede gobernar mejor que un militante de partido, o que un ciudadano, no cometerá los abusos de los políticos de siempre?
En las varias acepciones del término ciudadano descritas en el diccionario de la Real Academia Española, el significado que destaca es el de: Persona considerada como miembro activo de un estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes.
No obstante, la categoría de ciudadano tiene una larga historia, que inicia en el siglo V antes de Cristo, en la Polis griega -ciudades-estado autónomas-, en las que se desarrolló el sistema de Gobierno Democrático. Aquí, el ciudadano tenía un papel fundamental, pues intervenía en las asambleas y con su voto, decidía el destino de la ciudad. Confiriéndose a su participación, un carácter eminentemente político.
Para el siglo II a. C., la Civitas romana otorga a sus ciudadanos un valor legal y jurídico. La ciudadanía concede derechos y deberes, promoviendo la igualdad y el estatus político similar.
En los siglos XVII y XVIII, las revoluciones burguesas derrocan a los absolutismos monárquicos y dan paso al reconocimiento de la ciudadanía con sus derechos civiles y políticos, plasmados en la Declaración del Hombre y el Ciudadano, proclamada en Francia en 1789.
Ahora en el siglo XXI, se considera ciudadano a toda persona que vive dentro de una comunidad organizada, hay un Estado que es garante último de los derechos y este, legítima la condición de ciudadanía, que construye el sistema político.
En términos generales, podemos establecer dos concepciones de ciudadanía contemporánea. La acepción jurídico-política que basa su análisis en los derechos y deberes políticos que los hombres y las mujeres reciben como miembros activos de una comunidad estatal y la acepción ético-política, que hace referencia a las dimensiones éticas del concepto de ciudadanía, misma que pone el acento en los valores cívicos o justos para la coexistencia pacífica.
Esta última acepción, infiere una dicotomía: La cualidad de los ciudadanos para asumir un activismo o militancia, que implica la membresía a un estado, el compromiso público y la obligación determinante hacia el estado y su relación con el bien común. Y, por el otro lado, la ciudadanía civil, que entraña, una moderación con el trato público, una ciudadanía sustentada en la asociación privada y un compromiso con el estado, condicionado a que este permita el ejercicio de la actividad privada.
Como se verá, en la ciudadanía militante se adquiere la obligación con el estado y la cosa pública. La ciudadanía civil, delinea que lo político solo es una opción del individuo, no es obligación.
Por ello, cuando un ciudadano participa activamente en su comunidad buscando que mejoren las cosas, adquiere la categoría de lo político, convirtiéndose en activista o militante. Por lo que es un despropósito y mera campaña electoral, hacer una distinción enfática entre ciudadano y político.
De lo que debemos hablar, es de políticos con énfasis en lo ciudadano y políticos afiliados a un partido político, estos últimos sin duda también son ciudadanos, pero con una actividad partidista y en lo general, con mala reputación.
POR HUMBERTO MORGAN
@HUMBERTO_MORGAN
PAL