En estos días la dinámica de la relación bilateral se complica y alcanza espacios mucho más allá de la usual retórica de declaraciones. No ha sido está la primera vez que los reportes anuales en materia de derechos humanos elaborados por el Departamento de Estado en Washington en cumplimiento de directrices de sus leyes, es recibida con fuertes críticas desde el gobierno mexicano. Tampoco sería acaso la primera vez que las observaciones podrían ser tendenciosas, pero lo que hasta ahora no han sido es falsas. Antaño, incluso desde la oposición con frecuencia las afirmaciones estadounidenses eran retomadas como una crítica a las gestiones de los gobiernos mexicanos en turno.
¿Podríamos elaborar nosotros nuestros reportes sobre el estado de los derechos humanos en otros países? Muy probablemente, pero existen grandes diferencias en el propósito de tales informes, la primera y más sustantiva es el estado de derecho y la capacidad de países como Estados Unidos o, para el caso, la de casi la totalidad de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quienes tienen igualmente una fortaleza judicial que les permite, en el caso de violaciones a esos derechos, atenderlos y resolverlos por la vía de la ley. Año tras año, en México acumulamos más olvido que justicia y eso es un hecho.
No es México el único país en el Reporte Anual, pero sin duda si el más sensible. Pues existe también tanto en sectores políticos, mediáticos, como de la estructura gubernamental la sensación de que se nos mide injustamente siendo que buena parte de nuestros problemas en materia de seguridad están estrechamente ligados con el tráfico de drogas, de efectivo y de armas y que eso se origina más en la demanda a que en la oferta y en ese momento nuestra perspectiva se convierte en francamente contraria a la que redactan en Washington. La intensidad de la vecindad repercute en la trascendencia de los Informes.
Y es que, si parte de la violación a los derechos humanos por instancias gubernamentales se deriva del combate al crimen organizado, pues resulta que este se vitamina directamente del negocio con Estados Unidos. El Estado mexicano se ha visto obligado a poner a todas sus fuerzas en reacción a esas amenazas y pareciera natural el riesgo de violación a los derechos humanos. Algo que no es tan distinto a la eufemística justificación estadounidense llamada “víctimas colaterales”. Pues resulta que EEUU sí puede tener esas violaciones bajo leyes de guerras que no fueron declaradas o que no fueron legales, pero en México poner a miles de soldados y Guardias en las calles con el riesgo de cometer violaciones, no puede recurrir a artimañas justificativas como esas. No se trata, ciertamente de justificar las violaciones a los derechos humanos, se trata de que los riesgos de la vecindad quedan ocultos a diario y ya por años en cómodas retóricas e incendiarias declaraciones de las clases políticas respectivas, mientras el fentanilo se adultera cada día más y mata a estadounidenses y estos pagan en líquido el tráfico de efectivo y armas que consolidan la corrupción en México que les hace intocables.
Las administraciones en ambos países pasarán y los problemas seguirán con soluciones parciales. Mientras tanto ante las presiones para acotar, que no solucionar, el tráfico de fentanilo, los cárteles mexicanos como hicieron con la cocaína, la metanfetamina y la heroína, generarán un mercado local que les compense la pérdida de efectivo y con ello un nuevo incremento en los ciclos de criminalidad de otras acciones que mantengan el flujo de ganancias, incluyendo las necesarias para la demandante corrupción de autoridades de diversos niveles de gobierno.
En eso estamos, bilateralmente, ante el riesgo de un nuevo ciclo de violencia mayor que el que existe actualmente y con mucho mayor riesgo a la salud pública y a la salud de las estructuras gubernamentales. Todo ello es un riesgo a la seguridad nacional que ninguno de los dos países puede permitirse. La antigua argumentación de “compartamentalizar” los temas de la compleja relación bilateral para que unos temas no contagiaran a otros, o la de la “responsabilidad compartida”, fueron fórmulas que permitieron avanzar en muchos frentes mientras cuestiones como el crimen organizado nunca se resolvía del todo. Bueno, ahora corremos el riesgo de que ese tema logre contaminar todo y nos haga compartidos de una realidad que daña a nuestras sociedades. De ese tamaño es el riesgo.
POR DAVID NÁJERA
EMBAJADOR DE MÉXICO. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
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