El acceso a la información pública es un derecho llave para la ciudadanía porque permite ejercer otros derechos fundamentales. Y en un estado utópico debería ayudar a revertir desigualdades, discriminación e injusticias sociales.
El marco legal en México para ejercer este derecho ha sido reconocido por diversos autores y especialistas, como uno de los mejores del mundo. Desde mi perspectiva, con procedimientos que revisar y aspectos que mejorar.
A pesar de tener las disposiciones legales para contar con un procedimiento sencillo y expedito que dirima controversias como ha establecido la CIDH, la realidad, y así lo indican las últimas estadísticas del INEGI en el tema, es que un porcentaje menor de la población conoce de la existencia de órganos autónomos que deben trabajar por garantizar este derecho y son aún menos quienes han realizado una solicitud de acceso a la información.
A más de dos décadas de la ley federal de transparencia, los retos principales son la socialización y el aprovechamiento de este derecho entre población rural, grupos vulnerables y sectores sociales discriminados.
En ese contexto, no hay duda que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no puede ni debe desaparecer, tampoco reducir sus funciones, pero sí requiere fortalecerse de cara a la ciudadanía, cumpliendo el mandato de la Constitución, haciendo prevalecer el interés social y público.
Desde los órganos locales de transparencia se puede impulsar el trabajo del INAI, haciendo cumplir las disposiciones normativas, cerca de la sociedad, para garantizarles el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales.
Como han sostenido algunas asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad, la objeción realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los nombramientos de dos nuevos integrantes del Pleno debe verse como una oportunidad para que los partidos y representantes populares dejen de lado rencillas políticas y coincidan en el llamado popular.
Aunque novedoso “el veto” porque nunca había ocurrido en los 20 años de vida del INAI, se trata de una atribución constitucional con la que cuenta el titular del Poder Ejecutivo y un exhorto a la Cámara de Senadores para que se cumpla con los principios de certeza, legalidad y transparencia. La decisión la tomó por los bajos porcentajes que obtuvieron ambos aspirantes en el proceso previo.
Todas las voces coinciden en que es urgente que el Senado designe ya las vacantes para evitar que el INAI se quede sin Pleno. Estoy segura que el cumplimiento al principio de legalidad y debido proceso, haciendo prevalecer el interés público, fortalecerá al INAI, al Sistema Nacional de Transparencia y a nuestra democracia.
POR NALDY RODRÍGUEZ
TWITTER @YDLAN
TRANSPARENCIA3.0@OUTLOOK.COM
LSN