Duele aceptar que en nuestras comunidades indígenas somos extranjeros. ¿Nuestras? Nos habla una voz que insistimos en mantener oculta, encerrada en el sótano de nuestro yo; preferimos no evidenciarla porque en la indigencia educativa e informativa respecto de nuestra propia cultura vemos un pasado ignorante, salvaje, rústico, demasiado atrasado.
Preferimos señalar a “esas comunidades” desde una distancia segura. Cuando las visitamos, si compramos alguna artesanía, lo hacemos no sin antes regatear —porque ellos no hacen arte—; aprendemos algún vocablo de su dialecto —ellos no han alcanzado un idioma—, preguntamos mostrando una sonrisa torpe sobre algún folclor —ellos no tienen cultura—; conmovidos con nuestro humanismo, nos tomamos la selfie con una “indita” —no tiene derecho a ser diferenciada como una mujer otomí, mazahua o tlahuica— y la llevamos siempre con nosotros en la sección más sagrada de nuestro Facebook, mientras ella se queda enfrentando la miseria jurídica y de oportunidades.
Por años se consideró a esos asuntos como: “El problema indígena”. La solución solía ser su negación esencial y pretender que dejaran de serlo. Afortunadamente, por presión social, atención internacional y la inclusión de los derechos humanos, esa concepción cambió.
Cada persona, cada familia y cada institución tiene una responsabilidad y una deuda frente a los pueblos originarios. El Poder Judicial del Estado de México la asumió al enviar una iniciativa de reformas legales para la creación de “La Sala de Asuntos Indígenas”. La Legislatura Mexiquense en forma unánime (poco usual en estos tiempos) la aprobó. El pasado viernes se publicó.
El tema inició hace algunos años en el Centro Estatal de Mediación del Poder Judicial, aliados con jefas y jefes supremos, a partir del respeto y reconocimiento creamos el primer centro de Paz y Diálogo en una comunidad indígena. Con el nacimiento de La Sala, se tiene una estructura y protección jurídica única en el País.
Además de resolver recursos en contra de resoluciones en que alguna de las partes sea integrante de pueblos originarios y se planteen cuestiones derivadas de esa naturaleza, lo que dará identidad a la Sala son sus facultades:
--Resolver inconformidades relacionadas con el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de pueblos y comunidades indígenas.
--Establecer protocolos para juzgar con perspectiva de interculturalismo jurídico, emitir opiniones consultivas para la aplicación de sistemas normativos de origen indígena. Y principalmente:
--Conocer y resolver causas derivadas del incumplimiento a recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Es un avance que permite visualizar las necesidades jurídicas insatisfechas de los grupos étnicos, fortalecer su cultura e identidad; es resultado de una consulta libre, previa e informada, dirigida a los pueblos indígenas Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlazinca. Se trata de ocupar su verdadero lugar en la historia y que, quienes no somos indígenas, tengamos respeto y dignidad por nuestra cultura.
Hoy se nos ofrece la oportunidad de conocernos, de entender y aceptar que en nuestro país existen formas diferentes de hablar, rezar y también de entender la Justicia. Nos habla del derecho humano a la identidad y dignidad. La reforma conlleva también una función educativa y cultural.
Conocer nuestro pasado, nuestra raiz profunda, lograr entenderla y luego por fin aceptarnos es requisito indispensable para que nos comience a pasar una mejor historia. Cuando un país olvida aquello que debe valorar, pierde su razón de ser. Es el origen de la tragedia nacional. Esfuerzos cómo la creación de La Sala de Asuntos Indígenas nos regresa la esperanza.
Por Sergio Valls Esponda
Director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México
@sergiovallse
LSN