México está sumido en una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes. En los últimos 4 años se han registrado más de 178 mil homicidios dolosos en nuestro país. En 2022, México fue uno de los 5 peores países del mundo en este rubro, con un promedio de 28 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Nueve de las ciudades más violentas del mundo están en nuestro país. Más de 17 mil 138 mujeres han sido asesinadas; en promedio 11 cada día. Alrededor de mil 818 policías han muerto en el ejercicio de sus funciones. El delito de extorsión se ha incrementado sin control, registrándose más de diez mil durante el pasado año. También se registraron más de 81 mil 634 reportes de desapariciones, de los cuales 35 mil 748 casos siguen pendientes de resolver.
Ante estos datos, muchos de ellos publicados por la propia autoridad todos estamos obligados a redoblar los esfuerzos para cambiar esta situación; impulsando estrategias eficientes en materia de prevención, inteligencia, investigación de delitos, procesos judiciales, maduración del sistema de justicia, soluciones alternas y ejecución de sanciones que den resultados tangibles.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentará un conjunto de iniciativas para fortalecer a todas las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nuestros objetivos son los siguientes:
Fortalecer a las corporaciones policiacas civiles, haciendo énfasis en la promoción de la carrera policial; desarrollar esquemas de protección, sueldos y protecciones, defensa y tutela, así como cobertura de becas para los hijos de las y los agentes de policía del país. Implementar la defensa de los derechos laborales de policías, fiscales y peritos. Buscaremos garantizar el servicio de carrera, el sistema de ascensos y promociones, así como la certificación y la capacitación.
Propondremos enfocar las políticas de seguridad pública como máxima prioridad de todo el estado y sus autoridades. En ese sentido se ordenará a todas las dependencias de la administración pública, en el ámbito de sus facultades, a fortalecer acciones de prevención social de la violencia. Todos los servidores públicos del país deberán orientar el ejercicio de sus facultades con perspectiva de seguridad.
Promoveremos reformas para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas para todos los operadores de los diferentes tramos en materia de: prevención, prevención social, inteligencia, investigación, atención y reparación a víctimas y población vulnerable (perspectiva de género, menores, familias de desaparecidos), entre otros.
Impulsaremos reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales que requiere de actualización urgente para garantizar procesos más eficaces y transparentes.
Resulta urgente gestionar un rediseño institucional que distribuya las cargas de manera más eficiente para poder resolver el cuello de botella de la impunidad que vivimos y que provoca que el 98% de los delitos quedan sin esclarecimiento.
Buscaremos regular la participación de los primeros respondientes, para garantizar seguridad y blindar la legalidad de las primeras actuaciones en casos de delito. Debido a que se requiere legitimar la justicia del país de manera urgente, a través de la participación ciudadana, proponemos para debate, la alternativa de habilitar juicios con jurado popular.
De igual manera, impulsaremos enmiendas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, para dar más herramientas a las autoridades en la materia. Se incluirán como delitos predicados en la materia al homicidio doloso, la extorsión (cobro de derecho de piso), ciberdelitos y la desaparición de personas. Esto, con la finalidad de que dichos delitos sean investigados y perseguidos con las herramientas potentes que permiten el marco jurídico mexicano y los tratados internacionales. Impulsaremos mecanismos de asistencia y cooperación internacional efectiva; con apego a la soberanía; el debido proceso y la legalidad.
Fortaleceremos la prevención y el combate a los delitos y esquemas de corrupción que hoy se encuentran en un contexto de impunidad, a través de esquemas de fortalecimiento de las políticas de cumplimiento empresarial.
Buscaremos erradicar prácticas de abuso de la justicia y aplicación parcial de la ley, así como el uso político de los instrumentos de la ley.
Ante esta situación de incertidumbre que ha generado el aumento de inseguridad estamos listos para responder con medidas y políticas públicas enfocadas a dar resultados, como los son muchas de ellas, ya probadas en los gobiernos de Acción Nacional en los niveles estatal y municipal.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
@JORGEROHE
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