Como consecuencia del endurecimiento de las condiciones financieras en gran parte del mundo, la economía global ha sufrido una desaceleración significativa que ha superado las expectativas previas. En este sentido, destaca que la situación económica de los gobiernos locales, se ha visto seriamente afectada por el actual contexto de incertidumbre financiera y debilidad presupuestaria; lo que, a su vez, impide una respuesta adecuada para contrarrestar y abordar de manera oportuna cada una de las externalidades.
En este marco, es importante señalar que gran parte de los ingresos públicos estatales no son obtenidos directamente por las entidades federativas. Ello, debido a la limitada autonomía fiscal y a una fuerte dependencia de las transferencias federales.
Hecho, que ha devenido en una pérdida de la capacidad de las entidades federativas para responder de manera focalizada y ágil a los problemas locales.
En concreto, según datos del IMCO, en el año 2000, 70% de los ingresos provenían de transferencias federales, una tendencia que ha ido en aumento con el tiempo; ya que para el año 2020, las entidades federativas generaron tan sólo el 11% de sus ingresos, mientras que el 82% provino de la Federación y el 7% restante se obtuvo a través de deuda pública.
En tales circunstancias, en lo que respecta a los ingresos propios que generan los estados a través de sus facultades tributarias o bienes patrimoniales, es importante indicar que la fuente de ingresos públicos más relevante para las haciendas públicas son los impuestos. A pesar de esto, las entidades sólo logran recaudar el 4.9%, mientras que el Gobierno Federal es responsable del 95.1% de los mismos.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar que las entidades pueden recaudar tres impuestos, y para ilustrar la gravedad del contexto, resulta pertinente mostrar la situación en la que los mismos se encuentran. En particular, los gobiernos estatales dependen en gran medida del impuesto sobre la nómina; sin embargo, entre 2017 y 2019 se evadieron cerca de 59,966 mdp en este impuesto. En cuanto al impuesto sobre el hospedaje, fundamental para las entidades turísticas, algunas cadenas hoteleras que ofrecen paquetes todo incluido evadieron cerca de 27.7 mdd. Por último, en relación al Impuesto Predial, se estima que la evasión de este impuesto osciló entre el 24% y el 46%, dependiendo del municipio en cuestión.
No cabe duda que el arreglo de coordinación fiscal entre las entidades y la federación complica las finanzas públicas estatales y desincentiva la mejora de las capacidades de recaudación. En ese sentido, se advierte un espacio de oportunidad para emprender reformas que permitan establecer tramos de participación y colaboración entre órdenes de gobierno para coadyuvar en la tarea de recaudación de contribuciones locales, mediante estrategias conjuntas de intercambio de información y fiscalización con la participación de las autoridades hacendarias del Gobierno Federal.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
MAAZ