El domingo pasado se llevaron a cabo, en más de un centenar de ciudades del país, multitudinarias concentraciones de ciudadanos para manifestar su rotundo rechazo a la entrada en vigor de las reformas legislativas en materia electoral, el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador y con respaldo del oficialismo.
Como ya lo hemos escrito, dichas enmiendas tienen como objetivo socavar los principios de equidad, certeza y legalidad en la contienda, así como trastocar el correcto funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Ya hemos reseñado también, la forma vulgar y antidemocrática en que se aprobaron tales reformas, violando las más elementales reglas del procedimiento legislativo e incurriendo en despropósitos sustantivos. De prevalecer dichos cambios, quedará comprometida la democracia en los sucesivos procesos electorales.
La marcha del 26 de febrero, sin duda, logró con creces sus objetivos. Tan sólo en la Ciudad de México se dieron cita más de quinientos mil participantes. Quienes acudieron por su propia voluntad; cientos de miles de mexicanas y mexicanos sin incentivo económico de por medio, prebendas, amenazas laborales, de retiro de programas sociales, pases de lista o utilización de recursos públicos, como ocurre en las marchas organizadas por el gobierno morenista.
Acudieron familias enteras, amas de casa, personas de la tercera edad y niños, quienes se mezclaron con intelectuales, académicos, líderes sociales, miembros de organizaciones sociales y partidos políticos. Fiel reflejo de la pluralidad que existe en México y que nos han tratado de negar.
No hubo una sola bandera proselitista. La causa fue el repudio al Plan B, pero también hubo expresiones de rechazo a la división que cotidianamente realiza el Presidente abusando del poder que le da su investidura. Decenas de voces se amalgamaron para exigir junto a las puertas de la Suprema Corte de Justicia, que despliegue sus facultades con apego constitucional para anular la peligrosa reforma, concebida desde el poder para cancelar las posibilidades de alternancia. Ellos tienen, ahora, la responsabilidad histórica de impedir este atentado a la democracia.
Quienes asistieron al Zócalo escuchamos a la periodista Beatriz Pagés, directora de la Revista Siempre, quien señaló al grupo que hoy ocupa la Presidencia de la República y diversos espacios del poder público, del intento por traicionar los procesos de la democracia formal que nos hemos dado los mexicanos: “Se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder y hoy, hoy quieren matarlos para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir. Quieren mutilar al INE porque les estorba el voto libre. Quieren desmembrarlo porque a la intolerancia le estorba una institución autónoma, fuerte y capaz”.
Pagés se hizo portadora de la opinión de millones de mexicanas y mexicanos, al decirle a los ministros de la Suprema Corte: “Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los ministros no permitan la pérdida de la nación. Para decirles con respeto, pero con absoluta firmeza: ¡manden al basurero de la historia el Plan B! No avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral”.
En su turno, el ministro de la Suprema Corte de Justicia en retiro, José Ramón Cossío, realizó un discurso prolijo en conceptos legales, pero claro y contundente: “Rechazamos las calificaciones que quieren imponernos a quienes pensamos distinto, y sólo por ello, a quienes consideramos que las reformas a las leyes electorales quieren controlar las próximas elecciones”.
Para nosotros, como miembros del poder legislativo, quienes fuimos testigos de primera línea del proceso desaseado y antidemocrático de las inconstitucionales reformas al marco legal, es alentador que un jurista de la talla, trayectoria y conocimiento profundo en la materia se manifieste confiado en que “que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza. Estoy seguro de que los ministros considerarán que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal del INE. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que de manera tan lamentable han disminuido los derechos políticos de las mujeres”.
La jornada ciudadana del 26F no fue la primera, y seguramente no será la última en la que los ciudadanos nos expresaremos para luchar codo a codo, haciendo a un lado diferencias de orden ideológico e intereses secundarios. Lo que está en juego es la unidad en la pluralidad de nuestro gran país. Por eso seguiremos luchando, cueste lo que cueste. Que les quede claro: Nuestro Voto No Se Toca.
JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
@JorgeRoHe
MAAZ