El AIFA no funciona, o a medias, pero con costos exorbitantes que son absorbidos por todos nosotros. De acuerdo al mismo aeropuerto Santa Lucía, rebautizado como Felipe Ángeles, de cada peso que reporta como ingreso, 90 centavos son subvencionados con nuestros impuestos por el gobierno. ¡Menudo negocio!
En su primer mes de operación, el aeropuerto perdió casi 23 millones de pesos y mientras el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez traslada a 373 mil pasajeros al mes, el AIFA apenas a 17 mil; esto es, ni 5 por ciento de los pasajeros del AIFA. Pero los “descalabros” continúan: para este año ya están presupuestados más de 836 millones de pesos adicionales en subsidios para el Santa Lucía.
La Secretaría de Hacienda tiene “otros datos” todavía peores: al AIFA le inyectan casi 100 millones de pesos mensualmente; en 2022 se le destinaron 419.4 millones en el presupuesto de egresos, aunque al final fueron más de mil millones.
Muestras innegables de un fracaso —harto anunciado, vale decirlo— al que se suma lo que ahora está haciendo la 4T con el “decretazo” respecto a que los aviones de carga deben despegar desde, y aterrizar en, el AIFA. De manera astuta (no estratégica), eso ha coincidido con que el gobierno federal le ha dado vuelo (incluidas menciones en las mañaneras de Presidencia) a las versiones sobre las actividades del narco en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y es que el decreto es fortalecido con el juicio que está teniendo lugar en NY del ex secretario de Seguridad Federal Genaro García Luna, donde testigos dicen cómo funcionaba el trasiego de droga en el AICM y señalan a todas las áreas de trabajadores.
Por lo visto, más allá de la falta de pruebas al respecto en este lado de la frontera, el plan gubernamental es “volar” —que no barrer— la corrupción de un aeropuerto al otro… Y es que es erróneo suponer que, partiendo del argumento (verdadero o falso) de que en el AICM hay contrabando y narcotráfico, este se acabará con el control por parte de la Sedena de la carga en el AIFA. Empezando porque hoy el propio director del AICM es el vicealmirante piloto aviador retirado, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, esto es, un marino que es militar por muy retirado que esté. Siguiendo porque NADA garantiza —ya lo he advertido muchas veces en este espacio— que los militares estén “blindados” de la infiltración del narco.
El llevar todo el transporte aéreo de carga al AIFA es una forma de generar recursos para dicho aeropuerto, pero a un costo social e institucional, además del económico, que no acabamos de dimensionar. Las consecuencias dentro de las Fuerzas Armadas y para la estabilidad del país pueden ser brutales.
Eso sin mencionar que el AIFA sigue sin estar listo para recibir ciertos tipos de carga —especialmente medicinas y alimentos que suponen permisos de importación y procesos de conservación de los productos—, que requieren de una infraestructura en refrigeración y en cadenas de frío (que no son lo mismo), con las cuales el AIFA NO cuenta. La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, considera que mudar la carga al AIFA afectará las cadenas de suministro al no tener lista la infraestructura necesaria (certificaciones, equipamiento adecuado en almacenes, sistema aduanero operativo). La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (AITA) argumenta lo mismo.
“El rescate” de Santa Lucía rubricado por el decreto que hace la administración federal, nos saldrá el triple de caro.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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@MALOGUZMANVERO
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