Decía Don Pablo Lucas Verdú: “No es suficiente contar con una Constitución, hay que vivir dentro de la Constitución. Hasta los regímenes totalitarios se jactan de poseer Constitución, el problema es que eso es una farsa, una fachada democrática.
La “densidad constitucional” significa vivir dentro de la vigencia efectiva de la normatividad y esa ha sido la más grande de las asignaturas democráticas pendientes. Podrá haber un documento denominado constitución y una serie de rituales para celebrar su existencia pero la vigencia formal es tan solo la prolongación cronológica de la Carta Superior promulgada, esa situación no equivale a la vivencia constitucional como experiencia que distingue a las democracias auténticas de otra suerte de regímenes en los que lo que acontece es la sujeción directa a la voluntad del déspota o la sujeción indirecta a los caprichos y determinaciones arbitrarias de los componentes del poder atrapados en un esquema autoritario.
La vigencia material de la constitución se verifica a partir de indicadores confiables y eso es rigurosamente comprobable. A pesar de tantas limitaciones de los instrumentos internacionales para proteger las causas fundamentales de la humanidad, existen mediciones objetivas que periódicamente confirman avances o retrocesos en la calidad de vida de los países que se ostentan como democráticos, se trata de la medición de elementos negativos que se contraponen a la vigencia democrática, como la inseguridad pública, la impunidad, la corrupción, la contaminación ambiental, la pobreza, el desempleo, las enfermedades derivadas de la insalubridad como fenómeno desatendido por las autoridades sanitarias, y un largo etcétera.
Sin la densidad normativa suficiente para que la creación del Estado responda y se corresponda con las libertades y derechos establecidos en “la Carta Política” se dificulta alegar que aquellas pretensiones reguladas en la Ley Fundamental tengan una eficacia comprobable, o al menos una eficacia relativa.
El Estado como ideal y modelo o forma de convivencia humana permanente, nació para garantizar la seguridad de sus habitantes y progresivamente otros derechos para completar los mínimos de bienestar general.
La primera e indiscutible justificación para la construcción gradual del Estado fue, aquel sentimiento grupal de disposición a enfrentar en unidad de medios y fines las inclemencias del clima, los desastres naturales, el terror de vivir en la zozobra por el peligro inminente a las fieras salvajes y la convicción de repeler las asechanzas de otras tribus que codiciaban decididas a ocupar la comarca elegida para el asentamiento humano.
Paradójicamente, a pesar de los grandes beneficios que la modernidad y el progreso han puesto en favor del desarrollo de la población mundial, en México, persisten las mas grandes desigualdades sociales, las más preocupantes señales de peligro por abandono público de grupos sociales vulnerables que sin la protección efectiva enfrentan en solitario la desatención médica, sucumben por pobreza frente a padecimientos crónicos de males incurables, o padecen la restricción de la libertad compurgando sentencias injustas o en espera de una sentencia que clarifique su condición jurídica y tantas otras calamidades.
La Constitución de 1917 vino a transformar por la vía normativa la inseguridad violenta de la era revolucionaria y a generar mecanismos para remediar las injusticias sociales del porfiriato.
La pregunta es si acaso la nueva y prolongada inseguridad pública violenta que azota al país es proporcionalmente similar o peor aun que aquella que vivieron los mexicanos hace ciento seis años.
POR FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS
ANALISTA Y CATEDRÁTICO DE LA UNAM
@F_JAVIER_ACUNA
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