El próximo 24 de febrero se cumplirá un año del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania.
De estar en Rusia, el párrafo anterior no podría publicarse porque incluye una palabra prohibida: invasión. Tal vez entonces podría recurrir al término guerra. Tampoco.
El gobierno ruso ha dictado la expresión correcta: operación militar especial.
En los días siguientes al comienzo de la invasión, el Ministerio de Censura ruso envió un memorándum a los medios de comunicación independientes y a los medios en general: sobre esta operación especial, debían utilizar exclusivamente material proporcionado por las autoridades rusas.
Todo lo demás, decía el comunicado, es información falsa. Incumplir este mandato implicaría severas multas e incluso el cierre total de las empresas.
La verdad por decreto, por adelantado y para siempre.
El 4 de marzo, el gobierno ruso bloqueó la página web de la mayoría de los medios de comunicación independientes y a algunos los declaró “agentes extranjeros”; asimismo, cerró la última emisora de radio nacional independiente, Eco de Moscú, y el canal TV Rain.
Ese día, el presidente Vladimir Putin firmó una serie de leyes que convertían el libre ejercicio del periodismo en un delito penal.
“Hoy no existe medio de comunicación independiente y libre de censura al que se pueda acceder dentro de Rusia sin tener que tomar algunas medidas adicionales”, escribe Alexei Kovalev, jefe de investigación de Meduza, medio de comunicación en lengua rusa que opera desde el exilio en Riga, Letonia.
Meduza y otros medios informan como pueden a millones de rusos sobre los actos de violencia injustificada que comete el ejército de su país contra civiles ucranianos, los testimonios de los supervivientes, el sangriento rastro de los crímenes de guerra y la persecución del Kremlin contra los activistas que se oponen a la invasión.
Debido a estas culpas, el pasado 26 de enero la Oficina de la Fiscalía General de Rusia declaró ilegal a Meduza por ser una organización indeseable y una amenaza para los fundamentos del orden constitucional y la seguridad de la Federación Rusa”.
En consecuencia, dice Kovalev, ahora toda interacción con Meduza “ya sea compartir enlaces a nuestros artículos en las redes sociales o hacernos donaciones, se considera un delito grave que puede acarrear condenas de cárcel”.
Kovalev, como muchos otros periodistas que siguen difundiendo información que molesta al gobierno ruso, saben que no podrán regresar a su país y que si lo hacen serán sometidos a juicio penal, pero no renuncian porque están empeñados en documentar, como dice Alexei Kovalev, “las atrocidades cometidas por el ejército de nuestro país”, y lo hacen “en nuestro nombre y en el de nuestros abuelos y abuelas, que lucharon y sangraron para que una desgracia de esta magnitud no volviera a repetirse”.
POR MAURICIO FARAH
SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO
@MFARAHG
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