Me parece que la situación es compleja para comprender las propuestas a simple vista. Lo que sí me queda claro, es que la discusión se está moviendo en torno a los intereses de adultos y nos estamos olvidando de la infancia.
En el censo de población y vivienda 2020 del INEGI, se estimó que en México vivían más de 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes que no habían cumplido los 18 años. Esta cifra representaba el 30.4 por ciento de la población total.
En ese periodo, más de 13 millones se encontraban en el rango de los 12 a 17 años. Si esto es así, en estos momentos, varios millones ya alcanzaron su mayoría de edad y, para las próximas elecciones de 2024, la cifra se elevará.
Pero esto va más allá del solo hecho de que puedan votar. Ya que aún, niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a ser escuchados y a ser sujetos de participación política de manera progresiva.
De acuerdo con el artículo 4º constitucional, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, obliga a los Estados a garantizar su derecho a la libertad de expresión, participación, asociación, información, entre otros.
En esta reforma electoral, ¿se está considerando el interés superior de la niñez? Tomando en cuenta, sobre todo, que cualquier reforma que se implemente, establecerá las bases de participación, para esas y esos millones de niños que van alcanzando su mayoría. Sí, es un país de todas y todos, pero también de ese 30 por ciento.
Entonces, si bien la infancia, en el contexto mexicano, no alcanza su ciudadanía sino hasta los 18 años, esto no reduce la obligación del estado y de todos nosotros a garantizar que, en función de su crecimiento y madurez, se les proporcionen las herramientas necesarias para el ejercicio de sus derechos, antes y después, de su ciudadanía.
Una buena forma de alcanzar estos objetivos y procurarles el pleno ejercicio de sus derechos, es a través de las instituciones mexicanas que, con el tiempo y mediante el acierto y error, hayan alcanzado un nivel adecuado de madurez.
En esta columna he insistido que, un medio eficaz para prevenir y fortalecer los derechos de la infancia, es a través de la difusión de información. Por ejemplo, actualmente el INE, cuenta con programas que incentivan la participación de niñas, niños y adolescentes en temas cívicos y políticos.
En el Plan A, B o el que se presente, las partes en juego, ¿están considerando la importancia de estos actores? En cualquiera de estos planes, ¿se están garantizando sus derechos? Entiendo que esto va más allá de un grupo vulnerable de la población, no obstante, en poco tiempo, ese grupo está siendo y serán los forjadores de nuestra nación. Desde hoy, habría que tomarlos en cuenta seriamente.
POR JOSÉ LUIS AYOUB
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