A medida que la ciencia y la medicina han avanzado se ha conseguido alargar la vida de las personas en todo el mundo, este fenómeno podría catalogarse como algo positivo, debido a que, la esperanza de vida de los seres humanos ha rebasado a la de sus antecesores, sin embargo, esta situación amenaza con desatar caos administrativo para muchos gobiernos en todo el mundo, al reducir de manera significativa, los recursos destinados para jubilaciones de sus trabajadores.
Que una persona viva más tiempo, significa que el Estado habrá de destinarle más recursos financieros, de salud y sociales a dicho individuo.
El problema con esto es que, en la actualidad, estas prestaciones se están convirtiendo en un contratiempo político y social de dimensiones nunca vistas, lo que próximamente puede generar una crisis económica en muchas regiones del globo terrestre, ya que, en muchas de ellas, se cuenta con menos entradas de dinero, que recursos disponibles para atender las necesidades de sus sectores más desprotegidos. En otras palabras, el PIB de estos países, no es suficiente para prevenir la avalancha de gastos que se vienen.
En Francia, por ejemplo, se calcula que cerca de 300 mil personas han salido a las calles durante casi un mes para protestar y tratar de evitar que aumenten la edad establecida, a partir de la cual, la gente ya puede recibir una pensión.
El gobierno federal francés busca modificar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, con el objetivo, de que, en un futuro, no existan mayores dificultades relacionadas a un déficit en la caja de pensiones y, por ende, se genere un problema económico nacional.
En caso de que el país galo, logre aumentar la edad de jubilación, el país europeo se igualaría a sus colegas de la región, puesto que actualmente los franceses son de las pocas naciones europeas que se jubilan a los 62 años.
Por otra parte, en España, los adultos pueden empezar a tramitar sus pensiones a partir de los 65 años, al igual que en Bélgica.
Sin embargo, en 2027, ambos países planean aumentar la edad buscando quedar a la par de naciones como Alemania y Dinamarca, donde sus ciudadanos se jubilan a los 67 años.
De igual manera, a diferencia de Europa, en la región de América Latina las edades para jubilarse suelen ser menores, lo que, en el presente inmediato, no genera aún problemas económicos para las administraciones latinoamericanas, pero puede significar una bomba de tiempo en el mediano plazo, si esta situación no se analiza con detenimiento.
En Cuba, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, por ejemplo, las mujeres pueden iniciar sus trámites a los 60 y los hombres a los 65, mientras en Venezuela a los 55 y 60, respectivamente.
En México la edad para jubilarse oscila entre 60 y 65 y en Colombia 62 para los hombres y 57 para las mujeres.
Para el caso nacional como puede observarse, esta situación podría verse significativamente afectada, si el panorama actual, no logra modificar su comportamiento estadístico con relación a la pirámide poblacional actual y por supuesto al crecimiento del PIB. Y es que, el sistema de retiro por vejez en México enfrenta problemas de cobertura, sostenibilidad, inequidad, fragmentación y baja tasa de remplazo. Estos inconvenientes se presentan en un contexto de envejecimiento acelerado de la población mexicana.
Por lo tanto, el primer riesgo está en la parte fiscal con las pensiones que paga el gobierno. De acuerdo con el paquete económico presentado en septiembre del año pasado, el gasto en pensiones para el 2023, será de 1.7 billones de pesos equivalente al 20% del presupuesto y el 5.4% del PIB.
Las pensiones de trabajadores que empezaron a cotizar antes de 1997 (IMSS, ISSSTE, FFAA, Pemex) ascenderán a 1.3 billones de pesos en 2023. Estas pensiones; conocidas como del pilar 1, son de trabajadores que contribuyeron en su vida laboral a un fondo de retiro común, junto con el gobierno y sus empleadores, por lo que, al retirarse reciben una pensión igual a su último salario. Este gasto enorme que se espera siga creciendo de forma acelerada, no es un problema creado por este gobierno, pero si, es un fenómeno que deberán asumir y solucionar las administraciones venideras. Aunado esto, la pirámide poblacional en este país seguirá transitando hacia el envejecimiento de la mayor parte de los ciudadanos, lo que dará menores posibilidades de seguir acrecentando la riqueza nacional, sino se acelera el ritmo de inversión extranjera y local en beneficio de la economía.
Como puede apreciarse, el próximo presidente tendrá un problema gigante en sus manos. Por un lado, las pensiones públicas se comerán gran parte de su presupuesto y quitar o reducir la Pensión Universal para Adultos Mayores es inimaginable. Por el otro lado, tendrá un número importante de pensionados que recibirán menos de lo que esperan, lo que posiblemente derive en una crisis política como ha sucedido en otros países.
Pero, más allá de las reformas que pueden paliar el problema -como aumentar la edad de retiro- la única solución real es el crecimiento económico. Se requiere que la economía mexicana crezca a tasas del 5% como mínimo. Ojalá que los candidatos a la presidencia de la república sean responsables en sus propuestas de campaña y aborden esta clase de temas con soluciones estructurales de fondo y no solo coyunturales, estableciendo estrategias conjuntas entre los diversos actores económicos y sociales. Urge acelerar la marcha de la economía nacional.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAL