Hemos hecho del combate a la corrupción un ejercicio de atención individual y hemos abandonado el ámbito social como espacio
fundamental en el que dicho combate adquiere su verdadera dimensión. Espacio social en el que se generan y reciben sus mayores impactos.
Aplicar sanciones administrativas, penales o incluso ambas a los individuos de manera burocrática en función al ejercicio de conductas inapropiadas, si bien presenta aspectos que deben ser reconocidos y alentados, también se ha convertido en una suerte de pretexto para el abandono de la lucha en contra de aquellas conductas que generan golpes de envergadura colectiva y cuyo impacto afecta mayormente a los grupos más desprotegidos. Buscando a los peces gordos y hemos olvidado las aguas en que se reproducen.
El impacto del quehacer administrativo de las instancias de control en la conformación de voluminosas investigaciones a servidores públicos deshonestos tiene como eje la conducta individual del aprovechamiento de las condiciones mismas que el ejercicio del
servicio público les posibilita.
Punible por supuesto, nos ha llevado al agotamiento de recursos y al cansancio administrativo y mediático que acaba con las energías institucionales y cuya perspectiva se reduce a generar informes como mecanismo de transparencia, pero cuyo impacto en la corrupción se queda a nivel de estadísticas de cumplimiento y no de orientaciones de atención para construir entornos libres de conductas inapropiadas.
La falta de interés por construir alternativas sistémicas y estructurales de combate a la corrupción constituye también, a mi juicio, otro elemento que vuelven crónico el desencanto y el agotamiento propio del síndrome de Burnout. Esta falta de fuerzas está normalizando la generación de reportes como instrumentos aislados y totalizantes cuya vida depende de cada uno de ellos y por tanto normalizan una visión fragmentada cuyo éxito se sujeta más a números crecientes, que a estrategias eficaces de abatimiento. Ya que la realidad se opone al esfuerzo, se ha dado al esfuerzo una dimensión de tránsito al mero cumplimiento de metas administrativas.
La preocupación por superar este agotamiento tiene que ver con el hecho de que la corrupción sigue siendo una lacerante realidad que afecta a personas que incluso han dejado de mirar en sus precarias condiciones de vida el resultado de una realidad organizada que subsiste incluso como condición de supervivencia de un modelo de administración pública que se niega a morir.
Hemos obviado la discrecionalidad que favorece la oportunidad, hemos tolerado la conformación de acuerdos institucionales que
olvidan las consecuencias sobre miles de hombres y mujeres de nuestro país. Hoy medimos el impacto ecológico o cultural sobre las propuestas administrativas y legislativas, pero no nos hemos propuesto hacerlo sobre su impacto en opacidad, discrecionalidad y generación de oportunidades para aprovechar de manera privada los recursos que son de todos.
Seguimos leyendo los hechos de corrupción y buscamos los nombres, ni nos interesan y quizá ni queremos saber las condiciones, las circunstancias, los entornos en que se generaron y que incluso las propiciaron, no para justificar, sino para corregir. Sin el ruido
ensordecedor que puedan generar las notas, parece que no hay combate a la corrupción, sin la estridencia mediática no hay avance, pero todo parece indicar que, por esa vía, primero perderemos el sentido del oído, que continuar de manera consistente en la supresión, al menos la reducción, de las conductas deshonestas.
El ruido nos habrá agotado sin haber alcanzado nuestro pretendido objetivo. Y aún más, ese agotamiento y ese escándalo serán los mejores aliados en la invisibilidad de las condiciones estructurales que favorecen la corrupción.
Pensar que los servidores públicos carecen de interese privados no sólo resulta ingenuo, es de todas suertes irreal. Lo que no quiere decir, de inmediato, que los intereses particulares de los servidores públicos sean opuestos a los intereses colectivos ni obligadamente el motor y motivo de los actos de corrupción.
Poner a salvo los intereses públicos y sociales al tiempo de reconocer la existencia de intereses particulares de los servidores públicos, debe ser parte de un esfuerzo que identifique las estructuras, los procesos, los arreglos institucionales sobre los cuales se desarrolla la función pública.
La reprobación ciudadana de los hechos de corrupción decae cuando esta se generaliza en la práctica cotidiana del servicio público, es decir, en la medida en que se convierte en un componente normalizado del ascenso de las personas servidoras públicas.
En el momento en el que la impunidad se convierte en un aliado, la corrupción empieza a ser vista como un aliciente, como la expectativa deseada colectivamente en el servicio público. Escenario básico en el que confrontar las expectativas sociales, laborales y profesionales con una realidad del servicio público completamente diferente, nos pone en ruta con un solo destino: el síndrome de Burnout.
Mtro. Arturo Serrano Meneses
El autor es el Titular del Órgano Interno del Control de la FGR
MAAZ