¿Es posible hablar de un pacto social en México? ¿Se puede hablar de un proyecto de nación vigente? La Carta Magna de 1917 hace mucho tiempo que dejó de ser expresión del “interés general” y “el bien común”. Tirios y troyanos la han violentado con modificaciones que terminaron por corromperla, desmantelando su estructura institucional qu si bien exige una actualización permanente, no por ello tiene que renunciar a sus principios, los de ser garante del bienestar colectivo y el desarrollo del conjunto de la sociedad.
Tradición renovada o nueva Constitución serán los marcadores de la encrucijada en la que nos encontramos. No olvidemos que de acuerdo con Herman Heller (1891-1933): “La política es el arte de transformar fuerzas sociales en formas jurídicas”. El alud de cambios y enmiendas que ha padecido en poco más de un siglo ratifica su carácter de bodega de las ilusiones. El tiempo y su bastardo el olvido han hecho de ella, la ley de leyes, un continente que se informa, a según las épocas y los intereses de sus protagonistas: “jarrito de Tlaquepaque” en el que todo cabe sabiéndolo acomodar.
Información de la Cámara de Diputados señala que hasta el 18 de noviembre del 2022 el Diario Oficial de la Federación ha publicado 252 reformas constitucionales (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm). De la versión original no queda prácticamente nada, salvo quizá y mancillada, la ingeniería jurídica y el protocolo de funcionamiento de las cámaras y uno que otro precepto secundario o de reparto. Imaginémonos el azoro del general Francisco J. Múgica al percatarse de la tremenda desfiguración sufrida por los artículos 3, 27 y 123, columna vertebral del liberalismo social mexicano, emanado dolorosamente de la gesta revolucionaria.
Así las cosas, deberíamos preguntarnos si queda algo por preservar y conmemorar cada 5 de febrero o si ha llegado la hora de hincarle el diente a su conjunto, en un intento por dotarle de nueva y actualizada fisonomía, que responda a las exigencias de nuesro tiempo, toda vez que los decretos de reformas constitucionales suponen alrededor de 800 cambios a sus artículos.
Dado el caos de nuestra ingeniería jurídica, por ejemplo, en el pasado los gobiernos prefirieron crear un sinfín de organismos autónomos por ley sin resolver desde la Constitución misma los dislates y las imperfecciones naturales en un ordenamiento que envejece sin duda, pero que posee como virtud el contemplar los procedimientos de su actualización. Muchos de ellos necesarísimos, otros prescindibles; y más de uno debe ser ajustado por sus excesos en nómina y prestaciones, estructura de personal, facultades operativas, involucramiento con sujetos obligados por sus propias reglamentaciones, etcétera.
En la actualidad los debates en curso olvidan que hubiera sido más prudente emprender una reflexión exhaustiva de los temas, protagónicamente el electoral, incluyendo a expertos y ciudadanos, que lanzarse a la “dictadura del número”, a la que se refería Alexis de Tocqueville en “La democracia en América”, que abre la posibilidad de que ante el disenso se judicialice el asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acierta Platón, rescatemos la ley.
LUIS IGNACIO SÁINZ
COLABORADOR
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