Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad…
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 15.
En siete días, Daniel Ortega ordenó despojar de su nacionalidad a 316 nicaragüenses. Pensará que basta su voluntad para que las personas dejen de ser lo que son. Creerá que bastan modificaciones legislativas a modo, apresuradamente aprobadas por la Asamblea Nacional, para que esos molestos opositores y críticos se queden sin patria, deambulando por el mundo sin historia y sin origen.
El jueves 9 de febrero, Ortega manda sacar de la cárcel a 228 personas, a las que mantenía recluidas por razones políticas, y hace que las lleven al aeropuerto para que sean enviadas a Estados Unidos, previo acuerdo con las autoridades de este país. Lo que no dice, es que antes de embarcar a los expulsados hará que les retiren el pasaporte anterior y les entreguen otro. El nuevo no tiene ninguna utilidad: Son de ninguna parte.
El 15 de febrero se anuncia que pierden la nacionalidad 94 ciudadanos más, la mayoría ya viviendo en el exilio, a los que se declara prófugos de la justicia.
Corresponde a Ernesto Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, dar a conocer listas, culpas y sanciones: el cargo es traición a la patria, es decir, el cargo es no apoyar a Ortega (porque en la mimetización que exigen las tiranías, el tirano es la patria). La sanción es que pierden la nacionalidad, y desde luego sus derechos ciudadanos, de manera perpetua. Se les castiga también con la “inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos sus bienes inmuebles y sociedades”.
Desde luego, todo esto se hace “para garantizar la paz social, la seguridad jurídica, la independencia, la soberanía, la autodeterminación de Nicaragua y la protección a la sociedad nicaragüense.”
Tan obediente la Asamblea Nacional, que elabora leyes a modo para que esto suceda, como el Poder Judicial, que ejecuta puntual y obsequiosamente las órdenes del dictador.
Será que Daniel Ortega, después de acumular 22 años en la presidencia de Nicaragua, primero un periodo de 1985 a 1990 y luego cuatro al hilo, de 2007 a la fecha, está convencido de que el país que gobierna es suyo.
Él, que luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza, hoy cree que Nicaragua le pertenece: suyos son sus recursos naturales y económicos, suya la ley, la fuerza pública, las universidades, los medios, los cielos y mares, el presente y el futuro. Y desde luego creerá que su propiedad patrimonial incluye a los casi siete millones de nicaragüenses y sus derechos.
Como todo es suyo, tiene la potestad de decidir quién es nicaragüense y quién no, quién es patriota y quién es traidor a la patria, quien merece vivir en Nicaragua y quién debe ser expulsado.
Más allá del odio y el miedo de Ortega, los políticos, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, exguerrilleros, intelectuales, artistas y estudiantes despojados de su nacionalidad seguirán siendo nicaragüenses, con o sin papeles, y más temprano o más tarde serán plenamente reivindicados, cuando pase el delirio totalitario que hoy lacera a Nicaragua.
POR MAURICIO FARAH
SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO
@MFARAHG
PAL