Febrero de 2023 podría pasar a la historia como el mes cuando perdimos nuestra democracia. En días próximos, la mayoría oficialista aprobará en el Senado las cuatro leyes pendientes del Plan B, eufemismo que usa el Presidente para una serie de modificaciones legales que, en los hechos, destruirían al INE como lo conocemos, y comprometerían la libertad y certeza de votos.
El Plan B desmantela la capacidad operativa del INE en innumerables áreas cruciales: desde capacitar funcionarios de casilla, garantizar la confiabilidad del padrón electoral y organizar las elecciones, hasta contar y salvaguardar los votos. Entre otras cosas, contempla despedir alrededor de 85% del personal especializado que trabaja en las 32 entidades y 300 distritos de México. El gobierno justifica esto aduciendo que el INE es caro, pero es falso: su gasto representa 0.2% del presupuesto federal para 2023.
El verdadero objetivo del gobierno no es ahorrar; es controlar al Instituto, cometer actos ilegales de campaña y, todo parecería, crear condiciones para desconocer las elecciones que no gane. Por ejemplo, el Plan B da facultades a instancias gubernamentales para definir quién puede votar; valida que se haga campaña con recursos públicos y dificulta el registro de representantes de partidos o la elaboración del Programa de Resultados Electorales Preliminares, lo que puede usarse para impugnar casillas adversas al oficialismo. Aquí puede consultarse un análisis pormenorizado sobre los riesgos del Plan B: https://bit. ly/3kXCIxU.
Es, pues, una reforma diseñada para debilitar al árbitro electoral. Pero, ¿cómo es posible, si hasta 76% de los ciudadanos respaldamos al INE (Parametría)? El problema viene de 2018, cuando Morena y sus aliados ganaron la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, en parte por un artificio legal que les otorgó más legisladores de los que les dieron las urnas. En 2021 los ciudadanos le quitamos al oficialismo la capacidad de cambiar unilateralmente la Constitución, pero mantienen “mayoría simple”, con la que pueden imponer leyes, incluso si las oposiciones votan en contra.
Ante el atropello del oficialismo en el Congreso, el principal recurso que queda es la Corte. Muchas medidas del Plan B son anti constitucionales, y la Corte puede suspenderlas. Legalmente no hay duda: debe hacerlo. El problema serán las presiones políticas.
Otro recurso es la movilización ciudadana. Aunque esto no tiene consecuencias legislativas inmediatas, sí tiene repercusiones políticas: si una mayoría manda un mensaje claro de que en las siguientes elecciones rechazará a quienes traicionen la democracia, no sólo las oposiciones se mantendrán firmes, sino que algunos sectores del oficialismo pensarán con seriedad sobre su futuro cuando se acabe el sexenio de embriaguez lopezobradorista. Ya se convocó a nuevas marchas para este 26 de febrero. Hay que asistir.
El INE es una de las instituciones más eficientes que hemos creado en dos siglos de historia; es una de las pocas que sirven en estos tiempos de ineptitud y cobardía. Cuidémoslo, porque es la salvaguarda para que nuestro voto siga importando.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
COLABORADOR
@GUILLERMOLERDO
PAL