A 17 años del siniestro que provocó el colapso de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, donde quedaron atrapados 65 mineros, la recuperación de restos sigue inviable.
Para los funcionarios de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la demanda de un grupo de deudos al respecto fue capricho, pretexto para el lucro dijo Javier Lozano Alarcón y, en el mejor de los casos, una exigencia imposible de cumplir.
En el fondo de esa demanda, sin embargo, está la invocación de un derecho fundamental como lo es la libertad de culto, de la que se desprende la práctica de enterrar a los muertos conforme a los rituales fúnebres del credo que se practique y que en México, y en el caso de los deudos, es mayoritariamente judeocristiano.
Siendo derecho fundamental es irrenunciable. Pero hay más. De lo ocurrido el 19 de febrero de 2006 en la mina, no existe una explicación definitiva, no hay un deslinde de responsabilidades y, por lo tanto, se trata de uno de los peores crímenes del amasiato empresa-gobierno, que permanece impune.
La posibilidad de un rescate como el que exigieron los deudos, principalmente los de la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) que no cedieron al clientelismo, radicaba en que ese rescate fuera acompañado de un peritaje que esclareciera si, como se dijo en los primeros días, los trabajadores murieron calcinados en el estallido, qué lo causó y si en ello había responsabilidades.
Yo añadiría hoy, la posibilidad de que hayan fallecido por asfixia durante las labores de rescate en los días inmediatos posteriores al siniestro y que eso se haya querido tapar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el único desde 2006 que se comprometió a la recuperación de los restos y para conseguirlo confió el asunto a la Comisión Federal de Electricidad, la empresa productiva del estado que no se dedica a la minería y que, cuando mucho, consume su producción carbonera.
El plan de la CFE cambió la orientación. Irían a los lugares precisos donde se supone estarían los restos sin recorrer los túneles principales, las diagonales y galerías de aquella mina que, asumimos, está colapsada e inundada en diferentes sectores.
El plan ha fracasado hasta ahora y su avance es ínfimo, pues sólo se ha logrado alrededor de un 7% de lo que estaba previsto se terminara en abril proximo y, desde noviembre pasado, las empresas contratadas por la CFE pararon labores con un dramático despido masivo, acumularon adeudos hasta por el diésel de sus máquinas y el desarrollo de lumbreras, es decir, los pozos, se inundó.
Una vez más, el rescate se presenta inviable por causas atribuibles al Estado y el tono de los reclamos se prevé elevado por el incumplimento de promesas, este 19 de febrero.
Limpieza bajo la lupa
El sector de limpieza está muy insistente en que el departamento de Obras y Servicios Generales del ISSSTE del Estado de México, a cargo de Enrique Rosas Sánchez, y el administrador de contrato, Daniel Sánchez, rindan cuentas ante el Órgano Interno de Control, a cargo de Alma Santoyo Serna, así como ante el recién llegado Subdelegado de Administración, José René Fiesco
Martínez.
Se señala a ambos de estar actuando de manera facciosa para favorecer a la firma Aquaseo que dicho sea de paso provocó que sus trabajadores realizaran un paro en el Hospital General de Toluca por diversas anomalías, entre otras, la de recibir salarios por debajo del mínimo.
Dicha firma está muy apuntada para concursar en el proceso LA-51- GYN-051GYN011-N-5-2023, cuyo monto rondaría los 30 millones de pesos y dicen los mal pensados que algunos requisitos han sido eliminados por estos departamentos a fin de que Aquaseo acredite experiencia y calidad.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
MAAZ