El pasado 17 de enero comenzó el juicio a Genaro García Luna, secretario de seguridad pública en la administración de Felipe Calderón. Este se lleva a cabo en el Distrito Este del estado estado de Nueva York y está a cargo por el juez Brian Cogan, quien sentenciara a Joaquín, el Chapo, Guzmán. El jurado está conformado por siete mujeres y cinco hombres seleccionados al azar y con quienes el juez Cogan ha sido muy claro en recomendar que el veredicto sea basado únicamente en pruebas fehacientes y no en señalamientos.
En este sentido se ha llevado el juicio, la parte de la defensa de quien fuera el hombre fuerte de Calderón en la llamada guerra contra el narcotráfico se ha enfocado en mostrar cómo el ex secretario de seguridad combatió a las bandas criminales en México y en Estados Unidos, siendo sus pruebas más contundentes unas fotografías con funcionarios estadounidenses, incluidos Barak Obama y Hillary Clinton, así como las detenciones de capos durante su gestión. Por su parte, la fiscalía acusatoria ha enfocado sus esfuerzos en demostrar la culpabilidad de García Luna en todos los delitos que se le imputan (tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y uno por falsedad de declaraciones al gobierno de EEUU) a través de los testigos.
Aunque al comienzo del juicio se dijo que llamarían a testificar a 70 personas, hasta ahora solo han pasado 25 por el estrado y solo quedaría una persona por declarar, el propio García Luna, lo que sorpresivamente acortará el juicio, mismo que podría terminarse los primeros días de la siguiente semana. Sin embargo, la defensa ha dicho que solamente presentará argumentación ante el jurado por voluntad del imputado, lo que seguramente no sucederá pues esto abriría la puerta al interrogatorio por parte del fiscal.
En el desfile de los testigos, los más destacados se encuentran personas que han estado en ambos bandos, policías federales y miembros del crimen organizado, lo que ha permitido escudriñar en el funcionamiento corrupto por parte de miembros de la seguridad del país, así como el sistema de cooptación por parte de las bandas criminales. El primero de ellos fue Sergio Villarreal, alias El Grande, quien señaló la protección del “gobierno” al cártel de Sinaloa y las cantidades de dinero que se otorgaban para lograr este objetivo. Después le siguieron Tirso Martínez, quien relató la vida de los criminales y el dinero que se reservaba para sobornos; asimismo, Óscar Nava, el lobo, Valencia, quien dijo que pagó 10 millones de dólares directamente al implicado.
En todo este alud de señalamientos, el que deja al descubierto la espiral de corrupción en el sistema de seguridad, fue la declaración del ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, apodado El Diablo y quien enfrenta una sentencia de 20 años de prisión en Estados Unidos. En su testimonio, Veytia apunta a que “la guerra contra las drogas” tenía un sesgo institucional favoreciendo al cártel del Chapo y señala directamente a su operador: Genaro García Luna, a través de órdenes directas a los gobernadores en turno del estado de Nayarit. Sin embargo tampoco aportó ninguna prueba de sus dichos, por lo que es muy probable que se desestimen sus declaraciones. Sea cual sea el veredicto del jurado, lo que nos deja este juicio es que todo el sistema de seguridad mexicano se encuentra en estado de putrefacción y tendrá que ser el principal enfoque a combatir de las personas que quieran gobernar el país.
POR ADRIANA SARUR
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