El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, después de un motín similar al de estos días, en la barcaza de Carlota Armero, llegó con el santo de espaldas: desde la conferencia mañanera, el Presidente de la República lo acusó de haberlo insultado. Oportunamente se deslindó de cualquier blasfemia. Fue un falso mensaje de tuit.
Pero ya estaba señalado.
Sin atribuirle a ese incidente la causa directa de la actual insurrección a bordo de la tradicionalmente inestable institución judicial (en cinco años lleva tres presidentes –Fuentes, Vargas, Rodríguez— y una presidenta —Otálora—), porque sería aventurado, no lo es tanto cuestionar públicamente cuál es la razón real de esta insurrección, porque el fácil recurso de expresarse sobre la confianza perdida resulta insuficiente.
Si se perdió la confianza, como dicen los insurrectos, deberían al menos explicar por qué, cuándo y cómo, porque si no lo hacen de manera convincente, ellos mismos habrán perdido la confianza en torno de su conducta: a final de cuentas los jueces deben comenzar con la certidumbre en su propia casa, según se ha dicho hasta la saciedad.
Pero es verdad: el mayor, si no el único capital político y social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —hoy tan ametrallado por la Cuarta Transformación— es la certidumbre en sus fallos (no sus fallas), la imparcialidad en sus determinaciones, la certeza en sus decisiones, el apego al Derecho, elementos ahora vulnerados por algo cuyo origen se desconoce y cuyos procedimientos oscurecen todo el panorama electoral tan cercano.
Y si ya andamos en asuntos tribunalicios, vale la pena anotar la resolución de la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, sobre el juicio de Amparo indirecto (2477-2022), en torno de la persecución política denunciada por el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La reciente sentencia emitida hace unos cuantos días, reitera la consistencia de dos diferentes jueces de Distrito, quienes en tres diferentes resoluciones han respaldado la inocencia del exmandatario.
La información derivada de esta sentencia sostiene:
“…La orden de aprehensión emitida por el Juez de Control, Enrique Beltrán Santes fue sometida a un análisis exhaustivo por parte de la jueza de Distrito, quien determinó que carece de los requisitos legales y constitucionales necesarios sin datos probatorios, sólidos, con los cuales se podrían respaldar las acusaciones en contra del ya mencionado García Cabeza de Vaca.
Quienes conocen el expediente de este caso (hay otros sobre este mismo asunto), dicen:
“…La jueza de Distrito no sólo concedió el amparo y protección de la justicia federal, sino que también ordenó al Juez de Control, responsable (EBS) dejar insubsistente la orden de aprehensión. Más significativamente, le instruyó a emitir una nueva resolución que establezca la inexistencia de datos que acrediten los hechos imputados…”.
POR RAFAEL CARDONA
COLABORADOR
@CARDONARAFAEL
MAAZ