En los últimos años, los estudios sobre elecciones han abierto novedosas líneas de investigación alrededor del papel de los organismos electorales. La logística para que millones de personas puedan acudir a las urnas supone una planeación muy bien cuidada.
Cada votación tiene impactos en la representación política y la legitimidad de los gobiernos. De ahí que la administración de elecciones no admite errores o imprevistos. Los riesgos se deben calcular anticipadamente.
Es a partir de esos estudios y de la experiencia comparada que los organismos internacionales han generado recomendaciones.
Por ejemplo, la guía de buenas prácticas en materia electoral de la OEA, sugiere que estas autoridades cuenten con independencia en su capacidad de decisión y acción. Los árbitros no deben estar sometidos en su desempeño a ninguna influencia gubernamental o política. También enfatiza la necesidad de contar con personal especializado y con presupuesto propio para la ejecución de sus actividades.
Otras recomendaciones internacionales tienen que ver con la necesidad de asociar los presupuestos a los programas de trabajo institucionales. Esto es así porque, en materia electoral, los recursos que se invierten deben corresponder con el ciclo electoral. En años de comicios, se despliegan tareas que no ocurren en otros momentos, por lo que debe haber fondos suficientes para llevarlas a cabo.
En el caso de México hay otro grado de complejidad. El proceso de transición dotó a los procesos comiciales de estrictas medidas de seguridad y muchos espacios de control y vigilancia. La integridad de las elecciones y el ejercicio pleno de los derechos políticos, se han constituido sobre la base de procedimientos ciudadanos, colegiados y vigilados en todo momento por los contendientes. Ello trajo consigo un aumento en las necesidades de recursos. No son costos. Velar por la integridad electoral es una inversión de gran valía para la sociedad.
Los datos, sin embargo, a veces apuntan hacia otra dirección. En 2023, por ejemplo, de los 32 institutos electorales locales del país, sólo 7 no vieron mermados sus requerimientos presupuestales. El dato es preocupante, si se considera que las prerrogativas que se entregan a los partidos van al alza, al tiempo que los recursos para la organización comicial decrecen. Las instituciones deben hacerse más eficientes, pero el cambio debe ejecutarse gradualmente y con responsabilidad.
Valen la pena esas consideraciones, de cara a las elecciones 2024, donde habrá predominancia de lo local. El 2 de junio, 97 millones de mexicanas y mexicanos no sólo votarán la nueva presidencia. También renovarán más de 19 mil cargos en las 32 entidades. Por primera vez en la historia, el proceso federal concurrirá con elecciones locales en todos los estados del país. Esto debe motivarnos a centrar nuestra atención al ámbito subnacional y a estar pendientes de la labor realizada por los institutos electorales locales. La democracia nacional debe mucha de su fortaleza a estas instituciones.
POR AMALIA PULIDO
PAL