SON POCAS LAS empresas 100% mexicanas que han logrado estar en la cima de la industria a la que pertenecen.
El Grupo Modelo, de Antonino Fernández; Bimbo, de Lorenzo Servitje; Cemex, de Lorenzo Zambrano, y el FEMSA, de Eugenio Garza Laguera, que terminaron conquistando los mercados internacionales.
La empresa de servicios petroleros Oceanografía pudo alcanzar esa proyección, pero la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y el contubernio con las más altas esferas de Citigroup, lo impidieron.
Emilio Lozoya, Luis Videgaray y Jesús Murillo Karam, miembros del clan Peñanietista, y Michael Corbat, CEO de Citi, fueron, en 2014, los artífices de la debacle de ésa, la naviera líder del flete petrolero.
Quisieron apropiarse de un negocio que arrancó en el gobierno de Vicente Fox y se consolidó en el de Felipe Calderón, una compañía que creció en gobiernos panistas y que priístas pretendieron despojar.
Oceanografía empleaba 14 mil trabajadores, tenía 100 embarcaciones y facturaba más de un mil 200 millones de dólares. Su valor comercial superaba 3 mil 200 millones de dólares. Pocas como ella.
Hoy la proveedora de servicios petroleros que fundó Amado Yáñez está acabada: Lozoya, Videgaray y Murillo Karam quisieron quedarse con ella, pero como Yáñez se negó, lo apresaron y lo mandaron a la quiebra.
La historia completa, el modus operandi, los documentos que detallan el chantaje, la injusticia y las resoluciones judiciales firmes y vigentes, son la base del libro que próximamente saldrá a la luz.
Alan Rivera, periodista independiente, hace pública la versión de Yáñez sobre los hechos que vivió: la presión del SAT, la intervención del SAE y la actuación de la PGR: toda la fuerza del Estado contra él.
La investigación periodística cita de documentos y comprobables, narra cómo lo orquestaron y ejecutaron, un chantaje para quedarse con ella, primero, y acciones judiciales para destruirla, después.
Cada acto está documentado: el supuesto fraude alegado por Citi, que a nueve años no ha podido acreditar, y cuyos alegatos han caído por improcedentes uno a uno ante el Poder Judicial de la Federación.
De cada evento el libro cita nombres y apellidos, fechas, expedientes, resoluciones judiciales y documentos, entre los que destaca la información de la cuenta concentradora número 87000016340.
Es la cuenta a nombre de Banamex, dirigido entonces por Javier Arrigunaga y Manuel Medina Mora, corresponsables del frustrado despojo y posterior quiebra del contratista más importante de Pemex.
En esa cuenta se pueden identificar todos y cada uno de los movimientos realizados durante ese periodo; todos son hechos verificables y comprobables que le dan forma a una de las acciones más vergonzosas.
MENOS MAL QUE la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, fue una bocanada de aire fresco para Rogelio Ramírez de la O. Y es que el secretario de Hacienda no las trae todas consigo. Un descuido de su subsecretario Gabriel Yorio lo metió en un gran brete. Y es que el economista por el Tecnológico de Monterrey no hizo la provisión trimestral para pagar el servicio de la deuda. Hablamos de unos 290 mil millones de pesos que se tienen que liquidar a más tardar el próximo 31 de diciembre. El yerro puso de cabeza a todo el sector hacendario y financiero del gobierno de la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir al paso y ordenar una vaquita de última hora porque no hay dinero.
Los que van a tener que hacer su respectiva aportación son Nafinsa-Bancomext, que dirige Luis Antonio Ramírez, amén de Banobras, que comanda Jorge Mendoza Sánchez; el Infonavit, que capitanea Carlos Martínez, y el SAT que preside Antonio Martínez Dagnino. Por si lo anterior no fuera suficiente, hace unos días Erick Limas entregó su renuncia.
El joven economista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que se desempeñó como titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, prefirió aplicar aquella máxima que dice más vale aquí corrió que aquí murió. La banca de gobierno es un auténtico polvorín que López Obrador va heredar a su sucesora.
LA SEGUNDA SALA de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el miércoles la constitucionalidad de las obligaciones de los notarios en relación con los beneficiarios controladores. El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, aprobado por unanimidad de votos, reconoció la validez del sistema, pero condicionó su cumplimiento a que sean medidas razonables, por lo que no es necesario que los notarios integren a su contabilidad la información de los beneficiarios y tampoco mantenerla actualizada.
También señaló que el mecanismo de identificación de los beneficiarios, autorizado a las personas morales, también les es aplicable. Esta instancia legal inició bajo el liderazgo del presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Luis Antonio Montes de Oca, por las complicaciones que les generaba la celebración de actos jurídicos, por lo que la interpretación que realizó la Corte permitirá un mejor desarrollo de la función notarial. Pero sobre todo garantizará la seguridad jurídica en las transacciones e incentivará la economía. El apoyo en la estrategia constitucional corrió a cargo del Despacho Oropeza Abogados.
LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, está en la antesala de abandonar su puesto. Tomó posesión el 10 de diciembre de 2019 y su gestión concluye el próximo domingo. Sin embargo es muy probable que se mantenga en la posición un mes, en tanto no se desahogue el proceso legislativo para ratificarla o rechazarla para un periodo más de cuatro años. A menos que Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado, efectivamente rompa con el llamado bloque de contención, no se ve cómo la fiscal capitalina pueda prolongar su permanencia.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
MAAZ