Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, tanto el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido objeto de una campaña de descalificación, debilitamiento y estrangulamiento presupuestal sin precedentes en la democracia mexicana. A unos meses de las elecciones, las instituciones están bajo asedio.
Este 2024 es un reto para la vida democrática nacional, ya que se juegan 20 mil 375 puestos de elección popular, 629 de los cuales son de carácter federal, el más importante, la presidencia de la república; en este contexto, el INE y el TEPJ han entrado en un proceso de turbulencia que se ha agudizado en las últimas semanas y amenaza con regresarnos a los tiempos del control omnipresente del partido único. Áreas estratégicas en ambas instituciones están acéfalas y podrían caer en las manos equivocadas, tal cual ha ocurrido con otros poderes y órganos autónomos.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei y el Magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, se enfrentan a sectarismos dentro de sus instituciones y confrontaciones directas entre sus integrantes; la última y posiblemente la más escandalosa, fue la operación que se llevó a cabo para que Reyes Rodríguez dejara la presidencia del Tribunal, dejándolo al frente hasta el último minuto de este 2023. Y como en política la forma es fondo, tres de los cinco magistrados que forman el pleno del TEPJF, se reunieron con la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, excluyendo al aún presidente Reyes Rodríguez.
Y es que no solo son los conflictos internos, es también la inoperancia de su estructura orgánica la que pone en riesgo latente su operación frente al reto de 2024. Por ejemplo, el Consejo General del INE tiene pendientes el nombramiento de 17 cargos de primer nivel, 11 de los cuales se encuentran con encargados de despacho.
Entre los nombramientos están los que son clave para la operación tecnológica del instituto y para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, áreas que dan certeza a los resultados electorales, además de la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, responsable de los trabajadores de carrera en el servicio profesional electoral, necesarios para la organización de los comicios.
Aunque la consejera presidenta me dijo en entrevista que esperaban tener listos los nombramientos antes de que concluyera el año, la división del Consejo General en dos bandos lo ha impedido.
Al Tribunal le faltan ocho magistrados; en el Senado de la República, sigue atorada la elección de 2 magistrados de la Sala Superior, de 5 magistrados de las Salas Regionales y de un magistrado de la Sala Especializada. Aunque la ley prevé la forma de operar si no los nombran, no es lo ideal en un año electoral.
Las condiciones están dadas para un coctel explosivo que podría darle al traste en lo que más se ha batallado en construir: la credibilidad de las instituciones. Ya se sabe a quién le conviene.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ