Una de las particularidades de la situación legal de Donald Trump es su insistencia en reclamar inmunidad por sus acciones como Presidente de Estados Unidos, incluso los de sedición por sus intentos de revocar los resultados de la elección de su rival Joe Biden, en noviembre de 2020.
Trump y sus abogados parten del argumento de que el magnate actuó para tratar de invalidar los resultados de la votación "preocupado por la integridad" de la elección y que, por tanto, tiene inmunidad, pues actuó oficialmente, en su capacidad de Jefe de Gobierno.
La idea está de hecho en litigio en las cortes estadounidenses, aunque la Suprema Corte declinó el viernes una petición del Fiscal Especial Jack Smith para examinar esa postura de forma urgente.
En teoría, la decisión de la Corte Suprema sería determinante, toda vez que no haya una instancia superior.
Pero, al mismo tiempo, nada de lo que puedan determinar estaría exento de polémica en una nación profundamente dividida por la política: la Corte tiene nueve jueces, y de los seis que forman la actual mayoría conservadora en la corte, tres fueron designados por Trump y Virginia, la esposa de Clarence Thomas, activista de derecha ligada a su movimiento.
Cualquier formulación, a favor o en contra de la petición de Trump, sería sospechosa a ojos de un sector de los estadounidenses.
Pero, al mismo tiempo, es una determinación que adquiere cada vez más urgencia política; un juicio sobre las acciones presuntamente ilegales de Trump el 6 de enero de 2021, cuando una multitud de sus partidarios tomó por asalto el edificio del Capitolio de Washington, donde sesionaba el Congreso para calificar los resultados de la elección.
En ese juicio, uno de los cuatro que con un total de más de 90 cargos enfrenta el exmandatario, la juez de Distrito Tanya Chutkan rechazó las afirmaciones de inmunidad de Trump y escribió en una opinión que su “servicio de cuatro años como Comandante en Jefe no le otorgó el derecho divino de los reyes a evadir la responsabilidad criminal que gobierna a sus conciudadanos”.
Esa decisión está ahora sujeta al fallo de una Corte de Apelaciones. A reserva de lo que suceda, las primeras audiencias en preparación para el juicio, que comenzará formalmente el 4 de marzo próximo, tendrán lugar el 9 de enero.
La decisión final tendría un peso político definitivo, en tanto que si es favorable a las peticiones del gobierno prácticamente descalificaría a Trump en su búsqueda de regresar a la Presidencia en las elecciones de noviembre. En caso contrario, podría hacerlo casi imbatible.
Más allá de las consecuencias políticas internas, al realzar las tendencias autoritarias de un Jefe de Gobierno que podría encontrarse sin balances legales y como único factor de poder, la eventual decisión de la Suprema Corte tendrá reverberaciones en el mundo: sería un precedente poderoso para la relación de independencia, o sumisión, de muchos poderes judiciales con sus respectivos ejecutivos.
POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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