Aquí hemos señalado que la falta de nombramientos para la integración de las instituciones provoca su debilidad. Ello está aconteciendo con las autoridades cuyos titulares son designados por las Cámaras, dada la polarización política que vive nuestro país que provoca la falta de acuerdos. Podemos señalar varios ejemplos: las 7 salas del Tribunal Electoral, el INAI, los tribunales electorales locales y un largo etcétera.
Los casos en que se ha logrado nombramiento son porque la Constitución prevé una solución ante la falta de acuerdos. No obstante que ese diseño es excepcional, para privilegiar la integración de las instituciones clave en el Estado mexicano, en menos de un año ha sido utilizado en dos ocasiones. Primero, en la renovación de tres consejerías y la presidencia del INE en marzo pasado, que se decidió por sorteo. En días pasados, el nombramiento de la ministra Batres se llevó a cabo por parte del titular del Ejecutivo, al ser rechazadas en dos ocasiones las ternas que él envió al Senado.
Sin entrar a realizar una valoración subjetiva de los perfiles elegidos, ni al análisis técnico de los procedimientos excepcionales de designación, que ciertamente pueden generar incentivos perversos, lo indiscutible es que privilegiar la integración de las instituciones con el mayor consenso posible es fundamental.
En esa lógica, no basta con que se designen a las titularidades de los máximos órganos de dirección, cuyos nombramientos suelen ser por órganos políticos. Resulta por demás indispensable que las instituciones estén debidamente conformadas en todos sus niveles, para que la maquinaria funcione.
En el INE, el Consejo General es su órgano máximo de decisión de política institucional; sin embargo, existe otro órgano colegiado, denominado la Junta General Ejecutiva, que es el órgano máximo de decisión administrativa, conformado por la Secretaría Ejecutiva, de quien depende prácticamente toda la estructura central y delegacional, así como de titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.
Pues bien, es el caso que, desde abril pasado, en que rindió protesta la consejera presidenta Taddei, no se ha logrado consenso en el Consejo General para nombrar titularidades tanto en la mencionada Secretaría Ejecutiva, como para la gran mayoría de las referidas áreas, porque se requieren al menos 8 votos de sus 11 integrantes. Parece que la polarización es pandemia nacional.
Ante ello, la semana pasada el Consejo General aprobó por mayoría de 6 votos un acuerdo que establece un procedimiento reglado, muy similar al previsto en el Reglamento de Elecciones para los institutos electorales locales, para impulsar, más no garantizar, que se lleven a cabo los nombramientos de las titularidades de las áreas ejecutivas.
Algunos partidos políticos y la minoría en el Consejo expresaron grandes críticas a dicho acuerdo e, incluso, los primeros lo impugnaron ante el Tribunal Electoral. En lo personal me parece que el acuerdo es perfectamente legal, pues simplemente establece procedimiento y temporalidades que no contraviene ni excede la ley. Pero lo más importante de resaltar es el loable esfuerzo por normar la garantía de contar con instituciones debidamente integradas. Es una medicina necesaria ante un mal generalizado en nuestro país.
El proceso electoral concurrente 2023-2024 se vislumbra como el más complejo de la historia del país, no sólo por el número de cargos a elegir y las casillas a instalar, sino por el contexto político que lo rodea, en donde permea la polarización generalizada y la falta de respeto a las reglas. Es indispensable que el INE esté debidamente integrado en sus diversos niveles… simplemente se requieren instituciones en normalidad.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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