Hoy en día, en una era marcada por una sociedad globalizada y avances tecnológicos que ocurren a velocidades sin precedentes, asistimos a la consolidación de nuevos derechos fundamentales y la instauración de obligaciones innovadoras para las plataformas digitales. Este fenómeno resalta la necesidad de diseñar una propuesta regulatoria que delimite adecuadamente la gestión de los espacios digitales, abordando los retos que la era de la información presenta.
Las plataformas digitales, que originalmente surgieron como simples intermediarios de contenido, hoy han trascendido este rol, realizan también otras actividades, como edición y priorización de contenidos. Hoy en día, estas plataformas desempeñan un papel tanto crucial como activo en la moderación y gestión de la información publicada por sus usuarios. Este cambio no es menor, y permite que estas plataformas influyan significativamente en cómo se crea, distribuye y se consume el contenido, teniendo un impacto directo en la opinión pública, la cultura y la política. En pocas palabras, es la gestión privada sin consecuencias jurídicas de nuestras publicaciones y datos personales.
Este nuevo escenario digital se caracteriza por su naturaleza transnacional, lo que plantea desafíos complejos para las jurisdicciones nacionales tradicionales. Las plataformas digitales operan más allá de las fronteras, lo que complica la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales. Este contexto propone preguntas críticas sobre cómo los gobiernos pueden afirmar su autoridad y hacer cumplir sus leyes. Además, este desafío promueve impactos en las decisiones nacionales en el espacio digital.
En México, este fenómeno se traduce en la necesidad de regular estas plataformas para proteger los intereses nacionales y los derechos de los ciudadanos. La regulación debe reconocer la necesidad de responsabilizar a estas plataformas por sus acciones u omisiones. La clave está en desarrollar un marco normativo que sea eficaz a nivel local, pero que también esté en consonancia con los estándares internacionales. Es importante asegurar que este marco refleje la omnipresencia de las plataformas digitales, estableciendo responsabilidades claras y protocolos objetivos.
Asimismo, estas plataformas deben ser conscientes de su influencia en la sociedad, especialmente en lo que respecta a sus mecanismos de monetización, como es el caso de la publicidad dirigida. Es esencial que se responsabilicen por la información que facilitan y la forma en que esta se consume. Deben estar preparadas para enfrentar y mitigar los efectos negativos de sus operaciones. En este contexto de búsquedas por una regulación digital, es importante diseñar políticas que no solo limiten los excesos, sino que también incentiven prácticas que fortalezcan una sociedad digital más equitativa y justa
En respuesta a estos desafíos, surge el “Decálogo de Derechos Digitales”, una iniciativa del Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Esta iniciativa representa un esfuerzo significativo hacia la consecución de una gobernanza digital más efectiva y democrática. El Decálogo aborda cuestiones fundamentales para lograr una democracia digital, enfocándose en aspectos como la libertad de expresión en las redes sociodigitales, la estandarización de procesos, la transparencia y la defensa de grupos vulnerables. Se invita a la sociedad a participar activamente en el fortalecimiento y desarrollo continuo de esta iniciativa.
Por: Rodrigo Ardissom de Souza
Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad PUEDJS-UNAM.
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