Las cifras de la más reciente búsqueda de personas desaparecidas por parte de los “servidores de la nación”, a partir del cruce de diversas bases de datos de programas sociales que obran en poder del gobierno federal, en nada se parecen a las del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que venían alimentando las instancias federales y los gobiernos de los estados, ya que las primeras indican que solo existen 12,377 registros de personas desaparecidas confirmadas, mientras que el Registro Nacional indica que sumaban 110,964 entre desaparecidas y no localizadas al corte de dicho informe.
No obstante la amplia diferencia entre ambos registros, en el primero de ellos aún se manejan 62 mil 900 personas sin aparecer, resultado de la suma de los registros con datos insuficientes para continuar su búsqueda (26 mil 900) y aquellos que aparecen como sin información de domicilio que permitan nuevas acciones de búsqueda (36 mil).
En el segundo registro, correspondiente al RNPDNO, se indica que con corte al 30 de agosto de 2023, un total de 44 mil 207 permanecían en calidad de ausentes.
Paralelamente el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU informó que al 3 de octubre de 2023 el número de cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país y fosas comunes ascendía a 53 mil.
Por su parte el INEGI dio a conocer que de acuerdo a los reportes de los Servicios periciales y Médico-Forenses de los estados, fechado en agosto de 2023, durante 2022 un total de 46 mil 732 cuerpos o restos humanos no habían sido identificados.
Desde esta perspectiva, si el número de cuerpos que permanecen en la morgue o fueron inhumados sin que hayan sido identificados es menor al de personas desaparecidas (entre 20%-30%), es lógico pensar que una alta proporción de las no identificadas podrían ser personas desaparecidas y solo faltaría intensificar las labores de identificación.
En razón de lo anterior el verdadero problema es de identificación más que de desaparición, esa palabra que tantos conflictos técnicos y políticos ha generado entre la oposición y la autodenominada 4T, y que ésta última ha querido minimizar buscando y contando personas con el mismo nombre como si de contar chiles se tratara, cuando hay que cumplir estrictos protocolos.
Si las autoridades se avocaran a trabajar en ello no solo se esclarecería este problema sino que de paso darían certeza jurídica y emocional a los familiares de desaparecidos que por lustros han buscado incansablemente a sus seres queridos, en especial las madres buscadoras, para las cuales no ha habido un minuto de atención ni de consuelo.
Llevar a cabo la identificación en forma científica, de preferencia con ADN, requiere conocimientos técnicos como los que ya tenía la Policía Federal, acompañados de sensibilidad y voluntad política, la cual cada día brilla más por su ausencia.
Si no se realiza de esa forma es porque podría traer consecuencias negativas en los indicadores de la estrategia de seguridad de la actual administración, ya que muchos de ellos pasarían de la categoría desaparecidos a víctimas de homicidio doloso y ello podría colocar las cifras mensuales y anuales en las peores de la historia reciente, acabando con la narrativa de que las cosas van bien y que el homicidio ha disminuido en más del 17% en forma anualizada respecto de 2018, aunque las cifras indican que no pasa del 9.2%. No hay que olvidar que en el Plan Nacional de Desarrollo está asentado que el homicidio doloso se reduciría en un 50% a estas alturas.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
MAAZ