Ya poco asombra. Casi nada sorprende. Muy poco indigna. Las tragedias se han vuelto parte del paisaje en nuestro país, donde el horror es cotidiano. El asesinato indiscriminado de civiles, ya no parece despertar demasiado interés en las autoridades. Tampoco las emboscadas que tienen como víctimas a policías y funcionarios de seguridad.
Las masacres se cuentan por decenas, los homicidios por decenas de miles. Las atrocidades, de cuyo registro ha hecho puntual seguimiento la organización Causa en Común, suman más de 6 mil tan solo en lo que va de 2023, entre actos de tortura, asesinato de mujeres con crueldad extrema, mutilación y descuartizamiento de cadáveres, masacres, violaciones agravadas, asesinatos de niños, calcinamiento, linchamientos, terrorismo y un largo etcétera.
Los asesinatos masivos ya no alcanzan ni las primeras planas, pierden relevancia; rápidamente se diluyen en un mar de tragedias que confluyen.
Con todo y todo, hay casos más preocupantes que otros. Lo de Guanajuato, por ejemplo, habla de una evidente ausencia de ley. Apenas el domingo, una masacre a quienes asistían a una posada en Salvatierra arrebató 11 vidas. Un día antes, el sábado, un ataque en una barbería dejó cuatro muertos y tres lesionados en Salamanca.
Diez días atrás, cinco estudiantes fueron asesinados en Celaya, a espaldas del plantel en el que estudiaban, en la Universidad Latina. Nada cambia, pese a que el Fiscal del estado, tiene 13 años en el cargo. No solo es la saña y crueldad, es la impunidad de la que se acompañan: ¿qué puede presumir el Fiscal Zamarripa, encargado de procurar justicia en Guanajuato? ¿Por qué sigue en el cargo?
Y si miramos hacia otras entidades, la historia no pinta mejor.
El pasado miércoles 13, cinco personas fueron acribilladas en la colonia Manuel Valdez, en Ciudad Juárez.
Antes, el viernes 8 de diciembre, 14 personas murieron y al menos 10 desaparecieron en Texcaltitlán, Edomex. Hartos de ser víctimas de robos y extorsiones, y de vivir con miedo, pobladores tomaron la “justicia” por propia mano y asesinaron a sus victimarios a machetazos y palazos. La policía mexiquense, a cargo del secretario de Seguridad estatal Andrés Andrade Téllez tardó tres horas en llegar al lugar, pese a que el municipio está a una hora de Toluca.
Una semana antes, en Michoacán, asesinaron a seis personas, entre ellas dos niños –de entre tres y seis años-, en una zona rural del municipio de Tarímbaro, en el occidental estado.
La lista es larga. Podríamos hablar de los 13 policías (incluyendo al secretario de Seguridad Pública y el director operativo) emboscados en Coyuca de Benítez, Guerrero, el 23 de octubre. O la masacre en la que murieron siete indígenas tzotziles el 2 de junio pasado en Polhó, una pequeña comunidad rural perteneciente al municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas.
Ya nada despierta la indignación. Hemos caído en una tragedia mayor, la de normalizar la brutal violencia.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
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