Durante las últimas semanas, gran parte de los círculos de discusión en el ámbito de lo público se han dedicado al análisis de la situación suscitada a partir de lo acontecido en el marco del Informe de Labores que rindió el magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la Suprema Corte, en donde la inasistencia de tres de los magistrados de la Sala Superior fue seguida de una solicitud formal de renuncia dirigida al propio magistrado Presidente.
Más allá de las circunstancias que marcaron tales acontecimientos, y que hoy sabemos derivaron en concretar la renuncia del Magistrado Rodríguez Mondragón a la Presidencia del tribunal, tal coyuntura obliga a realizar un ejercicio de reflexión que permita ponderar la relevancia del Tribunal Electoral en el escenario de los retos que supone dirimir las controversias emanadas del proceso comicial más grande de la historia de México.
En nuestro país, fue a partir de la reforma política de 1996 que el TEPJF se constituyó como el máximo organismo jurisdiccional en materia electoral, con un marco de atribuciones diseñado para garantizar el fortalecimiento de la democracia, mediante la tutela de los derechos políticos de la ciudadanía y la resolución de los conflictos derivados de los procesos electorales. En ese sentido, el Tribunal Electoral se ha erigido como una de las instituciones que dan soporte a la conservación del estado democrático en condiciones de certeza y legalidad.
En tal contexto, desde 1996, el TEPJF ha otorgado certidumbre a la ciudadanía y a los actores políticos mediante resoluciones que han puesto fin a controversias postelectorales en el ámbito tanto federal como local, incluyendo diversos recuentos en sede jurisdiccional que han permitido dar cauce institucional a la transmisión pacífica del poder político. Entre tales recuentos se encuentran aquellos acontecidos recientemente en los estados de Puebla y Campeche para la renovación de sus gubernaturas, en los procesos locales de 2018 y 2021, respectivamente.
Asimismo, la labor del TEPJF ha permitido sostener avances muy relevantes en materia de acciones afirmativas, inclusión política de grupos vulnerables y participación ciudadana. Hoy, realidades tales como el modelo de paridad de género en el marco de la postulación de candidaturas a cargos públicos no habrían sido posibles sin las sentencias emanadas del propio Tribunal.
Así, la coyuntura enmarcada en el proceso electoral más grande en la historia de México, reflejado en la renovación de más de 19,000 cargos públicos, habrá de poner a prueba una vez más la fortaleza institucional del TEPJF, no solo al momento de calificar las elecciones y dirimir en definitiva las controversias derivadas de los comicios, sino en general, en la posibilidad de superar las divisiones internas que no hacen más que minar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, en el escenario de un entorno ya de por sí marcado por el encono y la polarización.
En tales circunstancias, no cabe duda de que los magistrados de la Sala Superior, que ahora estará encabezada por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso -quien cuenta con capacidad y experiencia incuestionable en el ámbito electoral-, sabrán estar a la altura de su encomienda para sortear los retos que supone tal escenario, en beneficio de la consolidación de nuestra democracia.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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