El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a combatir el narcotráfico “entre todos”, tras el enfrentamiento en Texcaltitlán, Estado de México. Pidió evitar que los jóvenes consuman drogas, para que no sucedan este tipo de actos de violencia.
El enfrentamiento en el Estado de México dejó 14 personas muertas, entre delincuentes y pobladores de Texcaltitlán, y el presidente de la República lo reduce a “cuidar que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico”.
Qué no es una labor del Estado combatir a la delincuencia organizada, precisamente para que la droga no llegue a las calles y
siga envenenando a los jóvenes de este país. Es decir, la obligación de todo gobierno es aplicar la ley, y en este caso sancionar a todos aquellos que la infrinjan.
Ahora resulta que la culpa es de la gente que no cuida que no haya consumo de droga. Es responsabilidad de todo padre y madre de familia inculcar valores a sus hijos y alertar a sus hijos del flagelo de las adicciones, pero es el gobierno el que debe evitar a toda costa que la droga llegue del proveedor al consumidor.
Hemos dicho ya muchas veces que la política de “abrazos no balazos” no funcionó, ni mucho menos la de acusar a los
delincuentes con su mamá. Una de las principales obligaciones de todo Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos, para lo cual lo que se necesita es aplicar la ley.
Ya basta de discursos superficiales y de seguir a estas alturas de la administración del presidente López Obrador seguir culpando a los gobiernos anteriores. No basta con atender a los jóvenes, de que sirve presumir que en los cinco sexenios anteriores se invirtieron 7 mil millones de pesos y en estos cinco años 110 mil millones de pesos a través del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, cuando las cosas no mejoraron, sino al contrario, cada día empeoran más.
En el enfrentamiento del Estado de México murió el jefe de plaza de la familia Michoacana en la región, Rigoberto de la Sancha Santillán, alias “El Payaso”, así lo afirmó el fiscal mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, quien confirmó la identidad del sujeto.
No habría sido mejor que este y los otros dos sicarios que perdieron la vida en los enfrentamientos con habitantes del municipio, hubieran estado tras las rejas enfrentando un proceso legal. A decir del fiscal mexiquense, el jefe de la plaza y los otros dos delincuentes de alto nivel se tenían como objetivos prioritarios.
Además de estar apapachando a los jóvenes como lo pide el señor presidente, su gobierno debería proporcionar seguridad pública a todas las personas para evitar la comisión de delitos, lo cual cuando se hace en forma eficiente, permite garantizar el pleno goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se le olvida al presidente humanista que la seguridad ciudadana es un derecho humano, de conformidad con el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
La seguridad es un derecho humano, condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida.
POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO
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