El pasado 6 de diciembre, el presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Germán Paredes Lozano, autorizó pedir una ampliación de presupuesto por 6 millones de pesos para poder terminar el 2023, año en el que, por cierto, gozó de un presupuesto en máximo histórico, de 595 millones pesos.
Nunca como hasta este 2023, el IEC había tenido esos recursos y, sin embargo, cumplió su función, logró construir con ahorros un moderno edificio sede, regresó recursos a la Tesorería e, inclusive, pudo cambiar de fechas y logística las elecciones de 2020 con motivo de la pandemia.
Esta vez, con el doble de recursos, el IEC no realizó programas permanentes, y perpetró un perjuicio a los derechos políticos de los ciudadanos, porque, al no lograr rentar locales para instalar los comités municipales del proceso electoral 2023-2024, impidió el cumplimiento de las primeras etapas, entre otras cosas, el registro de aspirantes a candidatos independientes en sus localidades.
La razón para que esto haya ocurrido quedó expuesta en el catorcenario El Coahuilense, cuya edición más reciente documenta los excesos en viáticos del consejero presidente Rodrigo Paredes y la consejera Madeleyne Figueroa; la renuncia a realizar el PREP como siempre lo había hecho, cuyo costo un año antes fue de 11 millones de pesos y que, al privatizarlo, Paredes elevó a 27 millones; gastos en equipos al parecer para una sala de videojuegos y no para las instalaciones de la institución. Y mucho más.
La serie de reportajes está soportada en solicitudes de información, acopio de datos en fuentes abiertas, cotejos y comunicaciones con personal del IEC y de otras instituciones, un conjunto que permite aquilatar la dimensión del desastre que ha significado la presidencia de Rodrigo Paredes, otrora protegido del INE de Lorenzo Córdova, un INE al que luego demandó una liquidación – la forma lo retrata de cuerpo entero-- con personal jurídico del IEC.
Hoy, existen informes sobre dos procedimientos abiertos en contra de Rodrigo Paredes en el INE de Guadalupe Taddei donde, por cierto, el asunto de la Secretaría Ejecutiva proyecta también el encontronazo por el control presupuestal en esa esfera.
No sobra decir que la consolidación democrática no puede conquistarse más que con la autonomía del órgano electoral y que el ideal democrático exige consolidarla. Una autonomía entendida como la capacidad de regirse de manera independiente de los tres
poderes tradicionales, que implique participación de ciudadanos ajenos a los partidos políticos y una burocracia profesional especializada en la compleja tarea de organizar elecciones.
Pero también es cierto que, en nombre de la autonomía, se pueden realizar negocios sucios, incurrir en excesos y despilfarros; tomar malas decisiones administrativas, o de plano, perpetrar actos de corrupción.
Emecistas y Segalmex
El golpe a las finanzas que sufrió Segalmex no quedará sin castigo, o al menos es la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador para desmarcarse de gobiernos del pasado y demostrar que en su gestión sí se sanciona la corrupción.
Y justo aquí surge el tema de uno de los presuntos implicados, el empresario Alejandro Puente Córdova, a quien precede la mala fama de entregar "moches" para conseguir contratados con dinero del pueblo.
Ligado al partido naranja desde hace una década, el hombre de negocios ha empezado a mover sus piezas para intentar colocar en cargos de elección popular a familiares y amigos. Por ejemplo, su hija Alejandra Puente aparecerá en la lista de diputados plurinominales de Movimiento Ciudadano por la CDMX.
Así, para Puente Córdoba es vital mantenerse cercano al partido-feudo de su amigo Dante Delgado, por el que fue candidato a un escaño en 2012.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
MAAZ