El cobro de derecho de piso por parte de una célula delictiva a un grupo de comunidades mexiquenses, más que una extorsión parecería haber institucionalizado un tipo de retribución tributaria, (lo que por supuesto, evidenciaría un vacío de poder en aquella demarcación del país).
La contribución consistía en exigir el pago de un peso por cada metro cuadrado cultivado por parte de agricultores y una cantidad determinada por mercancía vendida a cada comerciante de la región. La respuesta de la comunidad en contra de estos criminales terminó en ocho delincuentes ejecutados y, al parecer, tres campesinos fallecidos.
Los hechos ocurrieron el viernes 8 de diciembre del presente año en el poblado de Texcaltitlán, Edomex, situado a 65 kilómetros de Toluca, capital del Estado de México.
La extorsión a esta escala y la justicia por mano propia revelan la fragilidad del Estado mexicano y la ausencia de este, en algunas partes del territorio nacional. Sería absurdo negar que lo que sucede cerca de Toluca, no está ocurriendo en muchos otros sitios peor comunicados y distantes en el país entero.
Al respecto, las autoridades dirán que es una anomalía, un recuerdo del estado de cosas heredadas de administraciones pasadas; mientras que la oposición denunciará que se trata de una muestra inminente del fracaso en la estrategia de seguridad pública del Gobierno de la 4T.
El punto aquí es que las dos cosas son ciertas, pero distantes de una realidad incuestionable; más bien, son sólo un pequeño fragmento de la compleja relatoría que hay detrás de este catastrófico fenómeno. Y mientras se siga escondiendo el análisis certero y objetivo de este rubro estratégico para el país en visiones parcializadas, difícilmente se podrá salir del problema.
Minimizar sus dimensiones para evitar la crítica o endosar la responsabilidad exclusiva al grupo gobernante es, justamente, una de las razones por la cuáles el país se encuentra en esta crisis.
Para resolver un problema, primero hay que entenderlo y eso hasta ahora, está muy lejos de suceder. Lo anterior se debe a que no existe, ni voluntad, ni visión de ambas partes por razonar el conflicto en una lógica distinta a lo que, en su construcción mental, han establecido como su verdad.
Mientras tanto, el empoderamiento de los cárteles en algunas zonas del país y su fragmentación en bandas delincuenciales cada vez más agresivas es resultado de un largo y complejo proceso de descomposición en el que autoridades del presente y de otras administraciones, llevan a cuestas una gran responsabilidad, ya sea por complicidad, incapacidad u omisión.
En este sentido, sólo se cuenta con el gobierno en turno para exigir que se haga algo. Pero tampoco se puede ignorar que las actuales autoridades enfrentan una situación agravada, por efecto acumulado, más difícil de resolver que la que sufrieron sus predecesores.
En este contexto, da la impresión de que, al inicio del sexenio actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador entendió que el país se encontraba muy cerca de la ausencia del Estado. En aquel entonces, el poder de los cárteles parecía muy superior al de las policías federales, estatales y municipales, tanto en número de elementos como en capacidad de fuego.
Por esta razón, la construcción de más de 500 cuarteles y la organización de una Guardia Nacional con más de 150 mil elementos desplegados en el territorio nacional, formaría parte de un proyecto de mediano plazo para subsanar tal carencia y dar respuesta al incremento geoespacial de la delincuencia organizada.
De esta manera, pareciera que la narrativa discursiva del gobierno en torno al uso, casi inexistente de la fuerza proporcional como medio de control estratégico para minimizar las condiciones de respuesta de los carteles mexicanos, era más una estrategia mediática, para ganar tiempo en lo que se reagrupaban y administraban de mejor forma sus recursos táctico-operativos.
El problema es que la capacidad de respuesta de la Guardia Nacional en conjunto con las fuerzas armadas aún no demuestra con claridad, cuál es la magnitud real de sus alcances. Se sabe que el Estado mexicano recientemente ha adquirido y modernizado muchos de sus componentes tecnológicos y operativos; sin embargo, no se tiene con precisión una trazabilidad de dichos avances por ser materia de seguridad nacional.
Aunado a ello, no se sabe si el despliegue geográfico y tecnológico por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno mexicano, puedan ofrecer un paquete de soluciones eficaces a problemas tan complejos como el avance económico, social y tecnológico de los cárteles de la droga en suelo nacional.
Por lo que se ve hasta ahora, difícilmente la situación cambiará en lo que resta del sexenio. Las presiones de los estadounidenses en tiempos electorales y la indignación por el daño del fentanilo en su población, provocarán un endurecimiento del Gobierno mexicano en contra de los grupos criminales que mueven esta droga, pero, ni aún así, es un hecho que el enfoque coercitivo y reactivo sea suficiente para contrarrestar los efectos económicos y transversales con los que ha logrado permear en el tejido social de muchas comunidades del país este fenómeno.
Hace falta mucha inteligencia y contrainteligencia para depurar a los cuerpos policiacos de todo el país, así como, para robustecer los mecanismos de comunicación de todas las organizaciones de seguridad y procuración de justicia a nivel nacional.
Cambiar el enfoque reactivo por uno anticipatorio, sería una respuesta sustancial ante el crecimiento de la delincuencia organizada por todo el país. La lógica de este mal debe tener como punto medular el razonamiento de que este fenómeno, es económico con consecuencias psicosociales y de salud.
Lo que ocurrió en Texcaltitlán es una fuerte llamada de atención para el Estado mexicano y sus instituciones de seguridad de que las cosas no se están llevando a cabo adecuadamente en este rubro, pero también, es una remembranza para la ciudadanía, de que un México cansado de las consecuencias de este fenómeno social, pudiera estallar en cualquier momento, si no se despresurizan sus ramificaciones.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EEZ