Por segunda ocasión el presidente López Obrador anuncia que enviará diversas iniciativas al Congreso de la Unión para modificar, debilitar o eliminar a los organismos constitucionales autónomos. Primero anunció que, en el último mes de su gobierno, septiembre de 2024, con el nuevo Congreso, propondrá una reforma electoral que reviva el plan A para transformar al INE y establecer que los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por voto popular.
El Presidente pensó en septiembre porque sabe que hoy no cuenta con los votos suficientes para reformar la Constitución. Su apuesta es clara: solicitar a sus simpatizantes que voten por su coalición para obtener la mayoría calificada que le permita hacer su voluntad. Seguramente ese será uno de los temas de la campaña de Morena, pero también será parte de la contra campaña de la oposición.
La diferencia es que si el Presidente solicita ese voto, viola las leyes electorales y sus declaraciones son observables por el INE.
Esta semana, el Presidente anunció que próximamente enviará al Congreso las iniciativas para desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Instituto Federal de Comunicaciones. El argumento es que no sirven para nada, pero en realidad es evidente que a López Obrador no le gusta ningún tipo de contrapeso a la centralización desmedida del poder.
El Presidente sabe que no tiene los votos para lograr su propósito, y cuando el Congreso rechace sus propuestas, surgirá el discurso de campaña contra los “conservadores” y seguramente buscará un Plan B anti-autónomos.
En el fondo se trata de una deliberada estrategia de desinstitucionalización para concentrar la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, con una mediocre y controlada división de poderes, bajo la premisa de que un partido controle al Poder Legislativo e indirectamente al Poder Judicial.
La decisión de Morena de no hacer los nombramientos faltantes en el INAI, en el Tribunal Electoral y en los Tribunales de toda la República son muestra de dicha intensión. Para lograr dicho objetivo, el Presidente necesita ganar la elección de 2024 con mayores triunfos que en 2018. Al parecer toda la fuerza del Estado se enfilará a alcanzar dicho propósito.
Evidentemente la oposición está consciente de la estrategia gubernamental, sobre todo porque la candidata de Morena no ha dejado de reiterar sus ataques al INE y ha centrado su discurso en la necesidad de “continuar la transformación”. No hay ningún elemento para pensar que Sheinbaum modificaría los objetivos de las políticas actuales si llegara a la Presidencia.
El dilema entre la obsesión contra los contrapesos al poder o el fortalecimiento de la institucionalidad será tema de campaña. El voto ciudadano decidirá.
Arturo Sánchez Gutiérrez
Profesor Investigador del Tec de Monterrey
@ArturoSanchezG
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