EN UN GIRO inesperado y desconcertante, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira, quien juzga en el caso de Altos Hornos de México (AHMSA), parece desafiar no sólo la lógica jurídica y empresarial, sino también la estabilidad social y financiera de una región entera.
En un momento donde las piezas parecían alinearse hacia una reestructuración beneficiosa para AHMSA, sus trabajadores y acreedores, incluyendo al gobierno federal, el togado optó por un camino que podría precipitar no solo la caída de AHMSA, sino también sacudir los cimientos del sistema financiero mexicano.
El bloqueo de la Asamblea de Accionistas, a celebrarse el próximo 21 de diciembre y destinada a cambiar el rumbo de la compañía y asegurar un vital crédito de 600 millones de dólares, es un rompecabezas en sí misma que hace que las autoridades, inversionistas y acreedores se pregunten ¿qué motiva al juez para tomar una decisión que parece ir en contra del bienestar de miles de trabajadores, de una ciudad como Monclova, de la industria siderúrgica, y potencialmente del sistema financiero nacional?
Más aún, si se toma en cuenta que el conciliador y representantes de la mayoría de los acreedores, junto con inversionistas, habían obtenido ya el apoyo de la Secretaría de Hacienda que comanda Rogelio Ramírez de la O y de Pemex, que dirige Octavio Romero, para una reestructura favorable, cuestión que incluso le fue expuesta al juzgador en su despacho.
La permanencia de Alonso Ancira al frente de AHMSA ha sido un tema de debate y controversia. Su gestión, marcada por escándalos y cuestionamientos, ha sido un lastre para la empresa. La posibilidad de un cambio en la dirección prometía un nuevo comienzo, una luz al final del túnel. ¿Por qué el juzgador se empeña entonces en proteger a Ancira y dejarlo a cargo de la empresa?
Además, la implicación financiera es alarmante. La quiebra de AHMSA no es un juego: pone en peligro la estabilidad de Banca Afirme y su subsidiaria Almacenadora Afirme, ambas de Julio Villarreal, amenazando con desatar una crisis financiera de magnitudes inimaginables.
La posibilidad de una liquidación bancaria de Afirme es un escenario que debería mantener despiertos a los reguladores del sistema financiero mexicano, para evitar un quiebre bancario y corridas financieras.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda se enfrentan ahora a una situación de enorme presión ante el posible “contagio de insolvencia” que puede significar la liquidación de AHMSA.
En resumen, la decisión del Juez Martínez Lira no solo sorprende, sino que además plantea interrogantes sobre su perspectiva y entendimiento del impacto de sus fallos y la materia concursal, siendo que es uno de los únicos dos togados en el país con este tipo de responsabilidades.
En un juego donde las fichas parecen moverse en un tablero invisible, la estabilidad económica y social pende de un hilo. Queda claro que en el caso de AHMSA, lo que está en juego es mucho más que el futuro de una empresa: es el bienestar de miles de trabajadores y la integridad del sistema financiero mexicano.
EL PODER JUDICIAL nuevamente desacata una orden expresa de “no” contratar a Instrumentos y Equipos Falcón, que a través de su empresa moral Genesis Healthcare Advisers, vinculan operaciones mensuales millonarias que cubrieron durante los primeros 11 meses de 2023. El 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que permite a las dependencias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador volver a contratar a esta empresa de Noé Ramírez que es un monumento a la corrupción. Tal parece que nuevamente se notan los actos de corrupción de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no solo des inhabilita a este grupo dirigido por Agustín Amaya, sino que además le devuelve sus potestades comerciales de ser contratada en licitaciones públicas y le levantan la multa de 100 millones de pesos que no corresponden a nada, con respecto al daño patrimonial al Estado que ha generado esta empresa a lo largo de sus más de 30 años de contratos irregulares y con prácticas monopólicas confesas en el IMSS, que ahora dirige Zoé Robledo, y en el Issste, ahora a cargo de Pedro Zenteno.
EL PRÓXIMO 31 de diciembre se extinguirá el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mejor conocido como Fonatur. Fundado el 29 de marzo de 1974 por Antonio Enríquez Savinag, fue el desarrollador de los cinco principales destinos integralmente planeados: Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. Este será su último año tras de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera modificar su objeto para convertirlo en el encargado de construir su proyecto emblemático, El Tren Maya. El Fonatur lanzó la semana pasada una convocatoria para recontratar a alrededor de cien de los cerca de 350 empleados de ese organismo. Ahora formarán parte de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, que dirige el General Oscar David Lozano Águila.
EVELYN SALGADO DIO el banderazo de salida al Operativo Vacacional Invierno 2023, con el despliegue de más de 10 mil elementos de seguridad para la temporada turística de fin de año, en la que Acapulco, Ixtapa y Zihuatanejo se encuentran listos para recibir turistas. El primero cuenta ya con más de 4 mil 300 habitaciones disponibles y con una conectividad aérea y terrestre totalmente restablecida, para que sus visitantes disfruten el 31 de diciembre la espectacular Gala de Pirotecnia. En Ixtapa se contempla recibir más de 88 mil turistas y en el Pueblo Mágico Zihuatanejo se estima la llegada de más de 44 mil visitantes. Este operativo es muestra de que Acapulco y los destinos turísticos de Guerrero se van recuperando del huracán Otis que los golpeó y es el inicio de la reactivación económica en el puerto.
EL ALCALDE MORENISTA de Ensenada, Baja California, Armando Ayala, ha provocado una crisis en su municipio después de anunciar el cobro de un impuesto por cada contenedor que circule por las calles de esa ciudad. La medida, incluida en la Ley de Ingresos local, generó el rechazo abierto del sector productivo, que analiza la posibilidad de trasladar la carga que debería de salir de ese puerto a Long Beach, California, en donde hay mejores incentivos para las empresas. Llama la atención que el edil busque recursos adicionales en medio de su campaña para contender por el Senado de la República.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
MAAZ