“Prefiero morir de pie que vivir de rodillas”, decía Emiliano Zapata, y es la idea tras el hartazgo en Texcaltitlán con todo y los 14 muertos que dejó el enfrentamiento entre la comunidad y los extorsionadores del grupo criminal La Familia Michoacana que los tuvieron subyugados por años, sin que autoridad alguna hiciera algo al respecto.
El problema no está sólo ahí. En esa zona del sur mexiquense junto con la zona de Tierra Caliente de Michoacán, Guerrero y Morelos, donde los comuneros cultivan con mucho esfuerzo aguacate, avena, haba y maíz, el cobro de derecho de piso es una práctica generalizada. En el lado guerrerense, más de 100 pueblos han tenido que enfrentar a los criminales, quienes han impuesto con su violencia hasta el precio de alimentos y combustibles para llevarse la mayor parte del producto del trabajo de la gente.
¿Por qué el Estado mexicano está tan desbordado que se limita a reaccionar ineficaz y tardíamente? Revisemos números. De acuerdo con el INEGI, las policías estatales suman 222 mil 727 elementos, que son demasiado pocos. La media nacional es de 0.9 policías preventivos, muy mal pagados y capacitados, por cada mil habitantes.
La excepción es la CDMX donde hay 95 mil 161 efectivos, 3.7 por cada mil habitantes. Esos policías han recibido aumentos de salario de 9 por ciento anual, capacitación y han logrado bajar en 57 por ciento los delitos de alto impacto.
En contraposición, un análisis detallado del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana dice que en 11 entidades hay más militares que policías civiles: Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Estados donde la violencia del crimen organizado tiene amplia presencia y los policías locales no suelen pasar los controles de confianza.
El INEGI también documenta que 10 estados no tienen policías de investigación, lo que también explica por qué, a falta de la especialización indispensable, muchas escenas del crimen son contaminadas, pruebas dañadas y no hay carpeta de investigación que pase la prueba del debido proceso, lo que termina en impunidad para los delincuentes.
¿Y los políticos? Su ineptitud y preferencia por verse lo menos involucrados posible en la seguridad de sus ciudadanos es un factor clave, pero el de mayor peso es el de los presupuestos. El de 2024 retrata fielmente el desequilibrio: mientras para las instituciones de seguridad civil habrá 88 mil 772 millones de pesos, las instancias militares tendrán 2.8 veces más, llegando a los 402 mil millones, de acuerdo con el análisis del think tank México Evalúa.
La Guardia Nacional tiene 104 mil 207 elementos adscritos, en su gran mayoría provenientes del Ejército y la Marina. El gran problema es que las dimensiones de la institución no dan para vigilar fronteras y migrantes, combatir todas las modalidades de crimen organizado y proteger a la población de todas las formas de extorsión y violencia que sufren tantas comunidades.
Si a eso sumamos los señalamientos crueles e injustos con que a veces se revictimiza desde el poder, la situación se ve muy lejos de una solución tan necesaria como urgente.
Hablan mucho de regenerar el tejido social, cuando ni siquiera hay hebra. Familias separadas por la pobreza y la migración, violencia dentro y fuera del hogar, ausencia de oportunidades. ¿Qué tiene que pasar para dejar de vivir de rodillas?
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
ADRIANAD16@YAHOO.COM.MX / @ADRIDELGADORUIZ
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