La pareja naranja había iniciado con grandes expectativas su campaña presidencial, el riesgo inminente de su crecimiento en las encuestas, colocaba en un escenario muy complicado a los aliancistas del frente. La decisión del PRI y del PAN, de operar en el Congreso de Nuevo León para que Samuel García no pudiera nombrar a su sustituto, fue una decisión política más que jurídica.
La Constitución del Estado de Nuevo León es clara, el Congreso tiene la facultad de nombrar al gobernador interino, pero los diputados pudieron haberse decidido por cualquiera, incluso, por alguna de las propuestas de Samuel García, las cuales no estaban impedidas para ocupar el cargo. Aún así, la decisión de los diputados contrarios al mandatario emecista, fue la de nombrar como gobernador interino, a un personaje totalmente confrontado con el gobierno.
Es cierto, los diputados no estaban obligados a nombrar a un sustituto afín, pero tampoco estaban obligados a no hacerlo, de hecho, es práctica común que los ejecutivos al momento de pedir licencia, incidan en el nombramiento de su sustituto. Con lo sucedido en Nuevo León, se rompen las reglas mínimas de cortesía política, estamos avanzando rápidamente hacia un escenario de la utilización de la ley para acabar con las aspiraciones políticas de los adversarios.
Debo de aclarar que Samuel García no es alguien con quien me sienta identificado, creo que en muchos aspectos representa lo peor de la política; la simpleza de las ideas, la falta de sobriedad y la incongruencia, pero a pesar de ello, también creo que Samuel García debió participar como candidato presidencial. Los diputados del frente hicieron lo que estaba a su alcance para impedir una candidatura, lamentablemente no pasará mucho tiempo para que alguien más lo vuelva a intentar.
Aunque la pareja naranja no es del agrado de todos, se debe de reconocer la existencia de un nicho cautivo de electores que se siente identificado con ellos, por eso han decidido poner una vez más a prueba su popularidad, con la posible candidatura de Mariana Rodríguez para alcaldesa de Monterrey. Si cumple con los requisitos legales, y por el bien de la democracia, no debería de existir una nueva intentona legal para impedir su candidatura.
Aunque este tipo de opciones políticas distan mucho de lo idóneo, los electores deben de tener la oportunidad para decidir a quien elegir, en este caso, el voto debe de convertirse en nuestro principal aliado para sancionar las conductas políticas indeseables. Es necesario que, como parte de nuestra cultura política, aprendamos a diferenciar entre lo legal y lo legítimo; hay conductas que pueden estar basadas en la ley, pero el ser cuestionables las convierte en ilegítimas.
La decisión de los diputados regiomontanos de nombrar un sustituto contrario al gobernador con licencia fue legal, pero pudo no haber sido legítimo que su intención fuera la de descarrilar la candidatura presidencial de su adversario. La futura candidatura de Mariana Rodríguez a la alcaldía de Monterrey puede ser legal si cumple con los requisitos de ley, pero nunca será legítimo que la esposa del gobernador busque ese cargo público.
Nuestros políticos navegan constantemente entre lo ilegal y lo ilegítimo, torciendo la interpretación de la ley para su propia conveniencia, en el primero de los casos, son las autoridades judiciales las encargadas de castigar dichas acciones, pero en las segundas, son los ciudadanos. Al ejercer nuestro voto, debemos ser contundentes a la hora de castigar a los políticos oportunistas y mentirosos; es nuestro derecho y nuestra obligación como electores.
La pareja naranja, aún sin candidatura presidencial, dará mucho de que hablar durante los siguientes meses, de los resultados que obtengan, dependerá en gran medida el análisis de donde estamos parados como sociedad y cómo ciudadanos. El show debe continuar.
POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR
COLABORADOR
@HSERRANOAZAMAR
PAL