La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no menciona expresamente el poder de veto para el Presidente de la República. Sin embargo, los artículos 71 y 72 hablan de la iniciativa y formación de las Leyes.
En el artículo 72, inciso C se refiere a los proyectos de leyes que son desechados por el Ejecutivo, quien debe devolver la iniciativa a la Cámara de origen con observaciones para que ésta lo vuelva a discutir.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es uno de los organismos constitucionales autónomos en México. Debe garantizar el acceso a la información pública y el de protección de datos personales.
Reconocidos tales derechos en la Declaración Universal de los Derechos y en la Constitución “garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad te entregue la información pública que solicite cualquier persona”.
Para el segundo, “garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información”.
Desde hace año y medio están pendientes los nombramientos de dos comisionados del INAI. Ante el desastre provocado por la falta de voluntad política, tuvo que resolver la Suprema Corte de Justicia para que los comisionados pudieran sesionar con solo cuatro de siete comisionados.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya ejerció su facultad de veto a la designación de dos personas. Se refirió al excesivo presupuesto del INAI ($982 mdp al año) y a los altos sueldos de los comisionados ($106, 629 mensuales netos) que están por encima del primer mandatario.
"Todos estos aparatos administrativos los crearon para simular que se combatía a la corrupción, para simular que había transparencia, para simular que no había impunidad. Todo fue una farsa".
Finalmente, el Presidente presentará una iniciativa para desaparecer a los órganos autónomos. Dijo que este y otros organismos de transparencia sirvieron "de florero" para los gobiernos anteriores.
¿Es el fin del acceso a la información pública? De pasar la iniciativa no podremos saber en qué gasta y por qué gasta el Gobierno Federal, limitando el derecho que tenemos los ciudadanos a la información, transparencia y rendición de cuentas.
POR JORGINA GAXIOLA
PAL