El pasado jueves, el presidente López Obrador anunció que va a impulsar en el Congreso de la Unión tres reformas estructurales de gran calado: una al Poder Judicial, con la idea de que quienes integran la judicatura sean electos a través del voto popular; su proyecto de la Guardia Nacional, que pretende la militarización de la seguridad pública, y una electoral, para desarticular los pilares sobre los que descansa nuestro actual sistema electoral.
Mucho se puede discutir del fondo de las propuestas. Podemos incluso consentir que se requieren ajustes al modelo en los tres aspectos. De hecho, en el ámbito electoral urge una reforma seria al sistema que ya está rebasado.
Pero reformas de esa envergadura tienen que discutirse y diseñarse con tiempo suficiente. Además, llaman la atención tres aspectos con respecto a la temporalidad en que se pretenden llevar a cabo: febrero, según lo anunció.
Si bien son temas que nos ha venido machacando en sus mañaneras desde hace buen tiempo e, incluso, en el caso de las dos últimas, serán un reintento, porque la Suprema Corte ya se las echó abajo en una ocasión, casualmente las retoma una vez que Dante Delgado anuncia la salida de MC del llamado “bloque de contención”, pues le abre una ventana de oportunidad para impulsar reformas constitucionales y volver su proyecto transexenal.
Recordemos que ese bloque se formó ante los intentos del presidente de imponer reformas constitucionales que sólo tenían por objeto centralizar el poder en el Ejecutivo, militarizar al país y desmantelar a otros órganos del Estado, como parte del fortalecimiento de un gobierno autoritario.
A pesar de que los bloques partidarios no son sanos en democracia, porque suelen inhibir o cancelar el debate plural, acuerdos y consensos, en este específico caso han servido para frenar esos intentos.
Lo segundo que salta a la vista es que pretenda se aprueben en la recta final de su mandato. Regularmente las reformas constitucionales que impulsan los gobiernos suelen ser al inicio del sexenio, pues tienen por objeto establecer el marco constitucional, desde el pacto social, de las políticas públicas a implementar en los siguientes años de gobierno, de tal manera que durante el sexenio que corresponda logren su mayor consolidación posible, con independencia de que algún nuevo gobierno pueda dar ciertos giros al timón, ya sea para fortalecer esas políticas, o bien, para dar un giro.
Dicho eso, destaca que el presidente pretenda imponer cambios estructurales y políticas públicas tan relevantes a un nuevo al gobierno que tomará posesión tan solo unos meses después de que se aprueben.
Dadas las candidaturas que se perfilan, es dificultar el cambio si la ciudadanía se decanta por Xóchitl Gálvez y una jugada muy invasiva para Claudia Sheinbaum si resulta ganadora. ¿Será que teme que no le siga obedeciendo?
Finalmente, resulta poco ortodoxo, por decir lo menos, impulsar ese tipo de reformas a media contienda electoral.
Al final del sexenio una administración pública debiera enfocarse a terminar de consolidar las políticas públicas impulsadas en los cinco años previos; velar porque existan las condiciones que permitan las elecciones libres, auténticas y pacíficas, particularmente en dos aspectos: garantizar condiciones de seguridad pública, evitar vulnerar la equidad en la contienda y procurar una transición ordenada en la entrega de la administración pública.
Por lo visto, ninguno de estos aspectos parece importarle a nuestro actual gobierno.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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