El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha anunciado oficialmente que buscará la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano -la disputaría probablemente a Marcelo Ebrard- y el próximo domingo hará el registro partidario correspondiente.
Previamente, el mandatario nuevoleonés solicitó licencia por seis meses al Congreso estatal y éste la concedió, pero nombró como gobernador interino al hasta entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Arturo Salinas Garza, pese a que el gobernador quería que el actual secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, supliera su ausencia.
Al desechar la propuesta de Samuel García, el Congreso obró conforme a sus facultades, pero transgredió una norma no escrita y sensata: cuando un gobernante pide licencia, se nombra como sustituto a un militante del mismo partido del mandatario, o bien al que éste proponga. Esta sana práctica tutela la decisión de los votantes sobre el partido que debe gobernarlos, pues lo contrario supone desairar la voluntad original del electorado.
En el caso reciente de Nuevo León, la decisión no sólo contraría al gobernador y sus votantes, sino pretende entregarle el gobierno a un funcionario plenamente identificado con el PAN, partido que ha sido férreo opositor al gobierno elegido por la mayoría de los nuevoleoneses.
Además, al nombrar gobernador interino al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso nuevoleonés violó la Constitución del Estado, en cuyo artículo 132 se estipula expresamente que ningún servidor público del Poder Judicial podrá tener cargo en el gobierno. Ciertamente, el “gobernador” nombrado por el Congreso pidió licencia para separarse del Poder Judicial, pero esta circunstancia tampoco es suficiente para superar el impedimento porque el propio artículo constitucional establece que “los impedimentos de este artículo serán aplicables a todos los servidores públicos del Poder Judicial que gocen de licencia…”
Así las cosas, Samuel García declaró que no entregará el gobierno a la oposición e inició la batalla legal para echar abajo el nombramiento del Salinas Garza, con el argumento de que, contrariando la Constitución, se está depositando en una sola persona la titularidad de dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. El juez séptimo de Distrito de Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado López, le dio la razón al gobernador y determinó que Salinas Garza es inelegible para el cargo que le confirió el Congreso.
El gobernador constitucional también controvirtió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la designación del gobernador interino nombrado por el Congreso. Este miércoles 8 de noviembre, el tribunal tenía listado ese asunto, pero en votación dividida decidió retirarlo y postergar su resolución. La magistrada ponente, Janine Otálora Malassis, proponía revocar el nombramiento del gobernador interino nombrado por el Congreso, por inelegibilidad de Salinas Garza.
Plus Online: Cuidar la estabilidad en NL
Además de revocar el nombramiento de Salinas Garza, el proyecto de la magistrada Otálora proponía ordenar al Congreso del Estado realizar el nombramiento de gobernador interino conforme a lo establecido en la Constitución nuevoleonesa.
Aunque el proyecto pospuesto no validaba la propuesta del gobernador sobre nombrar al secretario general de gobierno para cubrir su ausencia, sí ordenaba “realizar una adecuada valoración, en plena libertad soberana, de la propuesta formulada por el Gobernador constitucional”
El proyecto de Otálora también incluía el señalamiento de que el Congreso estatal deberá procurar “condiciones de estabilidad para el correcto funcionamiento del gobierno de la Entidad, por lo que deberá generar los consensos necesarios al interior del Congreso”. Independientemente de su destino, la atípica recomendación tiene sentido porque romper la norma no escrita señalada anteriormente en esta columna, puede originar una indeseable inestabilidad política y social en Nuevo León.
El proyecto fue retirado del orden del día, a propuesta de la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien fue secundada por los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Alegando la urgencia de resolver este asunto, por la inminencia de los registros partidarios y la etapa de precampaña, la ponente Otálora y el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, defendieron resolver el caso este miércoles, pero perdieron la votación y el asunto se postergó.
Los argumentos de los Felipes y la magistrada Soto no resultan convincentes y abren la puerta a la especulación sobre las razones verdaderas de postergar un proyecto que corregía graves violaciones constitucionales del Congreso de Nuevo León dominado por el PAN y el PRI.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
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