CUANDO LA SECRETARÍA de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), anunció en tiempos de Jorge Arganis la creación de un organismo responsable de analizar los incidentes de aviación, parecía que finalmente estaríamos cumpliendo con los requerimientos que marca el anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Sin embargo, la directiva de este organismo que preside en la región Christopher Barks en realidad no ha ocurrido, por varios motivos. Primero: porque no hay suficiente presupuesto para tener personal capacitado en diferentes áreas de la aviación.
En segundo lugar, la custodia de la información grabada por los radares, así como las grabaciones de las comunicaciones controladores-pilotos y las coordinaciones entre controladores, están en manos del personal de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), que dirige Javier Alonso Vega.
Esta dependencia tiene un grave conflicto de interés, porque es uno de los actores principales en la investigación de incidentes y accidentes aéreos, porque en lugar de registrarlos, los oculta para protegerse de una acusación de que está haciendo mal su trabajo.
Después de 40 años de existencia del Seneam, recientemente esta importante información se ha mal utilizado, ya que se esconden los incidentes del personal favorecido por la administración.
Pero además acusa la agravante del nepotismo, muy presente en su accionar diario, porque muchos controladores que tienen familiares en la empresa se cubren entre ellos, además de que el reporte de los incidentes son motivo de amenaza para los involucrados.
Por otra parte, las personas que analizan la información son controladores que han desarrollado una actitud prepotente y descuidada en su labor de control de tránsito aéreo.
Es evidente que hay muchos incidentes que no se reportan y, por lo tanto, no se investigan. Urge que la oficina de análisis de incidentes y accidentes de aviación tome el control de la información necesaria para efectuar su trabajo, pero, sobre todo, que pueda emitir las recomendaciones necesarias para disminuir la incidencia de eventos riesgosos.
Para dar un dato importante, recientemente hubo dos incidentes cuyas imágenes se tienen disponibles. El primero ocurrió entre el vuelo 4300 de Volaris y el Aeroméxico 109. En la imagen es muy claro que el sistema que mide la separación reporta que tienen 2.1 millas de separación, cuando el mínimo es 5 millas.
Otro ocurre con dos tráficos de la filial de Aeroméxico, Connect: uno es el vuelo 2467 y el otro es el 2499: la separación muestra 2.8 millas.
Como se ve, hay un constante riesgo debido a las fallas de Seneam, pero también a que el rediseño de espacio aéreo nada más se quedó en promesas y ni el Seneam ni la Agencia Federal de Aviación Civil han hecho caso de la instrucción de la subsecretaría de Transportes.
Esta área encomendada a Rogelio Jiménez Pons se comprometió con los técnicos de aviación representados por colegios, asociaciones y sindicatos de pilotos, a revisar el rediseño que hizo NavBlue, el cual sólo trajo incidentes y costos inflados de uso de combustible por el alargamiento de las trayectorias de aproximación.
El problema del riesgo está latente y, en caso de un incidente grave o algo peor, el directamente responsable será el Seneam, que ha ignorado la emergencia.
HACE ALREDEDOR DE tres meses que la Suprema Corte de Justicia determinó que Invex, que comanda Juan Guichard, debía resarcir a Banobras un crédito que ese banco en tiempos cuando su director era Alfredo del Mazo Maza otorgó a la empresa Rodisa. Hablamos de casi 90 millones de dólares que el proveedor de Pemex obtuvo para trabajos que nunca ejecutó y cuyos directivos siguen prófugos. A Invex se le responsabilizó por el simple hecho de ser el fiduciario. El encargado de ese expediente en la Corte fue el ministro Arturo Zaldívar y una activa cabildera a favor del gobierno fue la ministra retirada Olga Sánchez Cordero. Todo esto viene a cuento porque esta semana el expediente regresó al Juzgado 62 en Materia Civil de la CDMX y el banco que dirige Jorge Mendoza Sánchez cree que le va cobrar a Invex, pero legalmente no tiene derecho de reclamo porque renunció a ese derecho en el contrato original. La opción que tiene para recuperar su crédito es ganarle los juicios que tiene entablados contra Rodisa y sus directivos.
EN LA INDUSTRIA petrolera se sabía desde hace siete meses que el proyecto Lakach, un emprendimiento en aguas profundas de gas natural no asociado y que tiene una reserva de alrededor de 900 mil millones de pies cúbicos, se iba a caer. Y sí, al final así sucedió: New Fortress Energy (NFE), del magnate estadounidense Wes Edens, mejor lo abandonó porque ni era económicamente rentable ni contaba con el expertis para explotarlo: son operadores del sector de oil & gas y Lakach es un campo geológicamente complejo. El precio de explotación de ese gas en el que Pemex, que dirige Octavio Romero, tenía que incurrir para que fuera rentable era de 6 dólares por millar de BTU. Para que se dé una idea, los precios de gas natural en Norteamérica oscilan entre 3 y 3.5. Es decir, cualquier operador que le entrara a Lakach que fue descubierto en el 2007, perdía hasta la camisa. NFE, como muchos otros antes, mejor optó por abandonar este oneroso proyecto. Tanto ICA de Guadalupe Phillips como Sempra, de Tania Ortiz, deben pensarla bien antes de entrar.
LA NUEVA DIRECTORA General Adjunta de Administración y Finanzas de Nafin y Bancomext, en sustitución de Paulina Moreno, cuyas fallas hemos documentado ampliamente aquí, y que fue “premiada” con la Secretaría de Finanzas en el Estado de México que gobierna Delfina Sánchez, se llama María Fernanda Ruiz Padilla. Se venía desempeñando como Subdirectora de Recuperación en Bancomext. O sea: un brinco de dos niveles y de un solo jalón. Ruiz Padilla también es cercana al subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, al igual que su antecesora. A ver si la funcionaria recién ascendida arregla los problemas del servicio médico y, de paso, pone orden a la Directora de Recursos Humanos de Nafin, Adriana Castro Brito, corresponsable de las irregularidades con los contratos de Atlantis y sujeta de múltiples y muy graves acusaciones de acoso laboral por diversos empleados del banco de desarrollo.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
MAAZ